El 25 de junio de 2026, un día después de que la tierra se partiera en dos, el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pronunció una cifra: 157 desaparecidos. Era un número pequeño, casi decorativo, que parecía un guiño a la formalidad, un gesto para que los protocolos internacionales no pudieran acusar de omisión. 157. Una cifra que cabía en una tarjeta de visita, que no asustaba, que no exigía explicaciones.

Pero los días pasaron. Las semanas se acumularon. Y esa cifra quedó congelada en el parte oficial como una mosca en ámbar, mientras el número de muertos crecía —4.490, según el último balance—, se ajustaba, se corregía, se actualizaba con la obsesión de quien lleva la contabilidad de la tragedia pero no quiere asomarse al abismo.

El silencio sobre los desaparecidos no es un descuido. Es una política de Estado. Es la decisión calculada de no mirar hacia el fondo del pozo, porque en el fondo del pozo no hay números —que son abstractos y se pueden manejar— sino rostros, nombres, madres que esperan, hijos que no volverán. La cifra oficial es 157. La realidad, la que la sociedad civil ha tenido que construir con sus propias manos, es otra: mientras el Estado guarda silencio, la sociedad civil ha tenido que llenar el vacío con la única herramienta que le queda: la desesperación organizada. Una plataforma ciudadana, Desaparecidos Terremoto Venezuela, ha recibido más de 31.000 reportes de personas con las que sus familiares no han logrado contactar. Otra........

© La Patilla