Hay principios que no admiten matices, y uno de ellos es la idoneidad de quien pretende ejercer un cargo público. No se trata de un ideal romántico ni de una exigencia exagerada: es la base mínima sobre la cual descansa la confianza de una sociedad. Sin ese estándar, el Estado dejo de ser garante y se convirtió en riesgo.

En Colombia, últimamente, hemos venido normalizando lo inaceptable. La sola postulación de Daniel Quintero para un cargo como la Superintendencia de Salud no es un hecho menor ni anecdótico. Es, en esencia, una señal de lo que hoy se tolera en la administración de lo público: que los antecedentes, los cuestionamientos y las dudas sobre la gestión no constituyen un impedimento, sino apenas un detalle superable en el camino al poder.

Y eso tiene consecuencias económicas profundas, aunque a veces se quiera reducir el debate a lo político. La confianza institucional es uno de los activos más importantes de cualquier país. Sin ella, la inversión se retrae, los mercados desconfían y las decisiones económicas se vuelven más costosas e inciertas. Un funcionario público no solo administra recursos; administra expectativas, estabilidad y credibilidad.

Cuando se debilita ese estándar de idoneidad,........

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