Inmigrantes guardan la cola en la Oficina de Extranjería de la calle Pradillo de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

No entraré respecto al acuerdo o no sobre la regularización extraordinaria que ha planteado el Gobierno, ni tampoco sobre las causas éticas, de derecho o económicas que llevan a cada uno a posicionarse sobre el asunto, en el que, por mi parte, estoy de acuerdo con que se dé solución jurídica a los extranjeros que ya están aquí, trabajan aquí, viven aquí y la ley desampara.

Lo que quiero plantear a mis lectores es una información y una reflexión. La información, que, como tal, no genera ningún debate, es que la actual regularización extraordinaria de extranjeros no es ninguna novedad. Tres hizo Felipe González (1986, 1991, 1996), dos Aznar (2000 y 2001) y una Zapatero (2005). El total de los beneficiarios fue de 1.079.680 de extranjeros, de los que más de la mitad corresponden a los gobiernos de Aznar y Zapatero. Estos son datos que debieran tener muy presentes todos aquellos que se echan al monte opinando como si Sánchez fuese un innovador, o como si el PP nunca hubiese apostado por esta solución de emergencia.

Pero es la reflexión la que me interesa. El Reglamento de 2024 desarrolla y matiza la Ley de Extranjería del 2000 que, a su vez, amplía la ley de 1985. Esto quiere decir que existe una normativa respecto a la incorporación de extranjeros en España. Ahora bien, lo que manifiestan las regularizaciones extraordinarias es la deficiencia de la legislación o la incapacidad para aplicarla. Una regularización extraordinaria, sea de extranjeros o de otras muchas como las que han afectado históricamente, por ejemplo, a los profesores, lleva a la consideración de la incapacidad del poder legislativo para establecer un marco de derecho eficaz para solventar una cuestión y la falta de diligencia del poder ejecutivo para hacer que se cumpla la ley.

Lo indignante es que se legisle de manera extraordinaria sobre asuntos que no han surgido de manera sorpresiva, sino sobre asuntos, en este caso la extranjería, que son viejos y que ya están regulados por ley, pero, en lugar de afrontar el problema de manera seria revisando la ley, o haciendo una nueva y, sobre todo, analizando por qué han fallado los protocolos de su aplicación, se opta por la salida fácil de hacer una regularización extraordinaria de lo que ni es extraordinario ni sobrevenido. Ahora como antes, se trata de salir del paso, con fines partidistas o no, en lugar de afrontar el problema en profundidad y con compromiso.

Esta manera de acometer asuntos de transcendencia humana, ahora y antes, es una absoluta irresponsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo, pero, sobre todo, es una inmoralidad, en tanto que se trata a personas como cosas y eso no está bien cuando recibimos a extranjeros, como tampoco lo está cuando somos nosotros los extranjeros en otros países. Por ello, creo firmemente que hay que legislar bien y vigilar el cumplimiento de la ley para evitar que cada cierto tiempo haya que volver a hacer regularizaciones extraordinarias que denuncian el fallo legislativo, ejecutivo y, probablemente, de una sociedad.

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