Una conductora realiza una prueba de alcoholemia. / EFE

Hace unos años, el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universidad de Valencia elaboró un estudio para la Dirección General de Tráfico (DGT) que volvía a confirmar una realidad incuestionable: el alcohol constituye un factor determinante en la siniestralidad vial. No solo incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro, sino también la gravedad de sus consecuencias. Defender lo contrario carece de cualquier base racional. Nadie en su sano juicio puede defender que consumir alcohol y conducir es bueno.

El consumo de alcohol se asocia con un aumento significativo de la mortalidad y de la lesividad en carretera. Diversos estudios apuntan a que incrementa tanto el número de víctimas como la severidad de las lesiones. Por ello, y apoyándose en la evidencia científica y en modelos eficaces implantados en países como Suecia o Noruega, se ha planteado reducir la tasa máxima permitida hasta 0,1 mg/l en aire espirado (equivalente a 0,2 g/l en sangre). No se trata de innovar, sino de aplicar medidas que ya han demostrado su eficacia. Porque recordemos una vez más que, al margen de la famosa y polémica baliza V16, aquí no hemos venido a inventar nada; son resultados que funcionan en otros países.

La DGT ha reiterado en múltiples ocasiones que el alcohol está presente en aproximadamente uno de cada tres siniestros mortales. Además, las cifras muestran una tendencia preocupante al alza en los últimos años. Resulta especialmente alarmante que en cerca de la mitad de los fallecidos en carretera se detecte la presencia de alcohol o drogas en el organismo tras la autopsia. Estos datos están ampliamente respaldados por la criminología vial y la salud pública.

El mes pasado se llevó al Congreso de los Diputados una propuesta en forma de proposición de ley por el Grupo Socialista, en la que se debía votar sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción y la prohibición de la difusión de la ubicación de controles en redes sociales, aunque esta segunda propuesta fue suprimida antes de ser votada (me parece increíble). El resultado ya lo sabe, la propuesta fue rechazada por 18 votos a favor (PSOE, Sumar y PNV) y 19 en contra (PPVoxUPNERC). Hay que darle las gracias a estos últimos, aunque no nos engañemos: en este fango político el resultado habría sido exactamente el mismo de haberse invertido los partidos políticos en el poder, todo por intereses y por no votar a favor de lo que otro vote. Así de triste y de real. Y las víctimas, testigos mudos de tanta mediocridad. Algún portavoz afeó que esta propuesta no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno, pero todos sabemos que el presidente tiene las manos atadas y sin la aprobación de sus "socios" no puede hacer nada. "¡Qué nivel, Maribel!", como diría nuestro seleccionador.

Más allá del resultado, lo preocupante es la percepción ciudadana de que los intereses políticos prevalecen sobre la seguridad vial. La sensación de bloqueo institucional y de decisiones condicionadas por estrategias partidistas genera desafección y, lo que es más grave, retrasa la adopción de medidas potencialmente salvadoras de vidas. Al final, creemos que esos intereses demuestran que les importan poco o nada las víctimas, y algo o mucho la comodidad del asiento que ocupan en el Parlamento, y más todavía la cartera que les reporta dicho escaño. ¿Ha ido a ver Torrente, presidente? Pues se la recomiendo, porque es un calco de la vida política. Eso sí, vaya un miércoles, que al menos la entrada cuesta 5,20 euros.

Como cofundador que soy del Observatorio de Criminología Vial, lamento el rechazo en el Congreso a la reducción de la tasa de alcoholemia, y coincido con mi socio José María González en que esta medida tenía un claro valor preventivo y podría reducir los siniestros viales.

Actualmente, la tasa de alcoholemia máxima permitida en España es, en general, de 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado. Para conductores noveles y profesionales, el límite es más reducido, de 0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire espirado.

La medida pretendía equiparar las tasas, sin realizar distinciones entre el tipo de conductores, y reducirla a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre (0,1 miligramos por litro de aire espirado). No le extrañe que cuando manden otros, lleven esta misma medida. A mí personalmente me parecería mejor establecer la tasa 0 de alcohol (ya la tenemos en drogas) en la conducción.

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