Los trabajadores de Sabic increpan a los representantes de la empresa a su llegada a la factoría de La Aljorra / Iván Urquízar

Ahora que el presidente López Miras anunció hace menos de un mes un ambicioso Plan Industrial 2026-2035, con colaboración de expertos de la UE, no está de más recordar algunas cosas relacionadas con la implantación en La Aljorra de las factorías de microplásticos ahora a punto de cerrar gracias a la gestión de la empresa Sabic, por si alguna lección se pudiera extraer de cara a la implementación de la nueva ambiciosa propuesta de reforzamiento y renovación del tejido industrial regional.

Recordemos: Saudi Arabia Basic Industries Corporation. Una transnacional propiedad de adinerados ciudadanos saudíes y de otros emiratos del Golfo Pérsico que en mayo de 2007 compró la división de plásticos de General Electric (GEP) por 11,6 mil millones de dólares. Todo esto lo saben muy bien los 400 empleados en La Aljorra de Sabic, aunque viene al caso recordarlo a quienes vieron en la llegada de GEP en 1994 un luminosísimo rayo de esperanza para una comarca caída en la depresión económica por la desindustrialización debida a la "modernización" del tejido productivo operada por el tercer gobierno socialdemócrata (?) de Felipe González, agravada en el caso cartagenero por la reorganización de los ejércitos que fue el llamado Plan Norte.

Dejando de lado otras circunstancias como el entusiasta apoyo que prestaron aquel PSOE y un PP a punto de ganar por mayoría el poder regional en mayo de 1995, hay que fijarse en algo que recordó el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, presidido por Noelia Arroyo, en enero pasado: GEP-SABIC ha costado a las administraciones públicas "decenas de millones de euros" en subvenciones directas de todo tipo posible.

Esos dineros nunca fueron devueltos: eran subvenciones. Pero cuando una transnacional como Sabic abandona tan vergonzosamente a su suerte a sus cientos de empleados y a varios miles más de empresas auxiliares, lo menos que debería exigírsele es la devolución de esas cantidades que han servido desde el inicio para que las plantas de La Aljorra produjeran pingües beneficios, primero a GEP y después a la firma saudí.

Porque, además, el cálculo del Pleno portuario no es exagerado. Según estimó en su día Cayetano Jaime Moltó, diputado regional de IU, cuando GEP vendió las plantas a Sabic en 2007, la transnacional americana había recibido unos seis millones de euros anuales de subvenciones de la CARM, unos 50 en total, además del "regalo" de unos terrenos para instalarse que costaron 1.500 millones de pesetas (otros 6,5 millones de euros), dádiva del socialista Carlos Collado, quien acabó como acabó. Las otras fueron del "popular" Ramón Luis Valcárcel. GEP vendió y ninguna autoridad le reclamó la devolución de las extraordinarias "ayudas".

Ahora, Sabic vende a Mutares, especializada en reventa de industrias, sin que tampoco nadie le reclame la devolución de esos muchos euros, salidos del erario regional y estatal, que podrían servir para financiar el plan social que el Comité de Empresa reclama para amortiguar el tremendo coste que supondrá la pérdida de 400 empleos directos y unos 3.000 indirectos. Tantos currantes como los que dependen de Sabic no se recolocan así como así ni en la Comarca de Cartagena ni en toda la Región, de cuyo PIB, por cierto, las plantas de La Aljorra y las empresas auxiliares suponen el dos por ciento.

No basta con pedir, como hizo el PP esta semana y el PSOE rechazó, la aprobación en el Congreso de una Proposición No de Ley al respecto, que, como su propio nombre indica, no pasa de ser una mera declaración de buena voluntad. Por eso, a la hora de ejecutar, si se hace, ese rimbombante Plan Industrial 2026/2035, el Gobierno regional debería establecer claramente el espacio temporal y los montantes de las garantías que ofrecerían las empresas, españolas o no, que participen en él apoyadas por las administraciones públicas. No vaya a ser que tengamos otra edición del título de aquella película del primer Woody Allen: Coge el dinero y corre. Pero esta vez, sin ninguna gracia. Porque, al final, puede aparecer un Mutares cualquiera y hacer con las plantas de La Aljorra lo mismo que hizo hace dos meses con Transportes Fuentes (Las Torres de Cotillas) en la típica operación de ingeniería financiera, con intervención de la "prestigiosa" firma Cuatrecasas.

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