Este 2026 es un año electoral en Perú. Las elecciones llegan en un contexto en el que la figura presidencial ha perdido importancia debido a una crisis política constante que ha tenido tres presidentes en un periodo de solo cinco años y con un Congreso de la República cuestionado y un alto rechazo de la población.

Con este panorama político complejo, delitos como la minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación y las amenazas a los pueblos indígenas en la Amazonía se han agudizado, mientras las políticas ambientales se debilitan. En este contexto, los expertos se preguntan qué tan importantes serán los temas ambientales para los postulantes al Palacio de Gobierno y al Parlamento.

Una muestra de cómo será la cédula de votación. Son más de 30 los partidos y movimientos políticos que compiten para las elecciones de 2026 en Perú. Foto: Jurado Nacional de Elecciones.

Otro tema que debe entrar en agenda para 2026, coinciden especialistas entrevistados por Mongabay Latam, es la implementación de políticas y estrategias contra la minería ilegal y el crimen organizado. Los expertos cuestionan el debilitamiento de las normas ambientales y leyes promulgadas por el Congreso que, de alguna forma, favorecen la ilegalidad. El 26 de diciembre, el gobierno aprobó la ampliación del plazo de la vigencia del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026.

Los pueblos indígenas también plantean los retos que esperan superar en 2026 y uno de ellos es lograr una mayor autonomía en su gobernanza territorial. Otro sería que el Gobierno coordine de manera horizontal la atención de los problemas en los territorios indígenas.

1. El medioambiente en un contexto electoral

Por lo menos 34 candidatos buscarán ganar las elecciones presidenciales el domingo 12 de abril de 2026. Ese día también se elegirán 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino. Para ello, cada partido político en competencia puede presentar su lista de postulantes para cada uno de estos escaños con un total de 208 candidatos entre postulantes a la presidencia, vicepresidencia y al Parlamento. Es decir que más de 7000 personas podrían estar en campaña electoral para tentar al máximo cargo en el Ejecutivo o a una escaño en el Legislativo en 2026.

“Las autoridades que van a asumir el nuevo gobierno deben ser conscientes de la importancia que tiene un país con tanta biodiversidad como Perú. La protección del medioambiente, los recursos naturales y, sobre todo, la garantía de los derechos de las personas deben ser temas prioritarios”, dice Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“Las autoridades que van a asumir el nuevo gobierno deben ser conscientes de la importancia que tiene un país con tanta biodiversidad como Perú», dice Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Foto: Rhett A. Butler

Pérez recuerda que la protección del medioambiente está “íntimamente vinculada a derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y al agua segura”. Sin embargo, agrega Pérez, no es un tema que actualmente aparezca en la agenda electoral, por el contrario, dice, “encontramos voces de candidatos que se han presentado recientemente en el CADE [Conferencia Anual de Ejecutivos] con muchos guiños a la minería ilegal”.

La abogada agrega que cada vez es más evidente la relación entre las actividades ilícitas y las organizaciones políticas, y que cada vez hay más presencia de los intereses de estos sectores en instituciones como el Congreso.

Un informe del diario El Comercio, publicado en noviembre, indica que por lo menos 10 candidatos al Congreso de la República tienen inscripciones en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), sanciones por extracción ilícita de oro o son representantes de gremios que buscan la ampliación del proceso de formalización minera.

“En un contexto electoral, me temo que el Congreso va a tener altos incentivos para ampliar el Reinfo —lo que implicaría extender los plazos a los mineros ilegales para continuar en la irregularidad— y, prácticamente, mantener al país en esta grave situación de afectación del ambiente y de los derechos de las personas más vulnerables”, comenta Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. En ese contexto, dice Abanto, “el proceso electoral es una oportunidad para que las personas puedan liderar, desde su voto, un cambio favorable para el país”.

El 26 de diciembre, el gobierno de José Jerí promulgó una nueva ley para ampliar el plazo del proceso de formalización minera hasta diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Diez días antes, la propuesta fue........

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