Lo más probable es que el 2024 marque el fin de la tendencia en la reducción de la deforestación que vivió Colombia en el 2022 y el 2023. En abril pasado, el Ministerio de Ambiente informó que en el primer trimestre el país habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando así toda la deforestación que se causó en el 2023 (79 256 hectáreas).

Las dinámicas en la pérdida de bosque están fuertemente ligadas a los grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son las que controlan el territorio amazónico y ejercen presión sobre el gobierno.

Los expertos consideran que el aumento de la capacidad militar y territorial de los ilegales, en medio de las negociaciones de paz que adelantan con el gobierno de Gustavo Petro, ha llevado a que temas como la deforestación, la protección de líderes sociales y ambientales, la gobernanza de las áreas naturales protegidas y la protección de los resguardos indígenas sean hoy problemas grandes para el país.

Las respuestas tardías y poco planeadas ante los desastres causados por eventos climáticos extremos, como las sequías y las inundaciones, también fueron una constante en el 2024, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de atender las emergencias, protagonizó varios episodios de corrupción. Por su parte, la participación ciudadana y la educación ambiental que trajo la organización de la COP16 de Biodiversidad en Cali, fue la cuota positiva del balance ambiental del 2024 para Colombia.

La tala indiscriminada menoscaba el bosque en el resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario, en Putumayo, Colombia. Foto: Natalia Pedraza.

Lo malo: repunta nuevamente la deforestación

En julio de 2024, las autoridades colombianas celebraron la reducción de la deforestación durante 2023, aunque en medio de críticas de parte de algunos expertos que pusieron en duda esos resultados. La cifra presentada, sin embargo, fue impactante: según el gobierno, la pérdida de bosques disminuyó en un 36 %, pasando de 123 517 hectáreas deforestadas en 2022 a 79 256 hectáreas en el 2023. Es más, esta ha sido la cifra oficial más baja desde que se tienen registros en el país.

Gran parte de esa reducción se debe a que la deforestación, según el análisis oficial, se redujo considerablemente en la Amazonía, la región que más aporta en la pérdida de bosques en Colombia.

“Hemos puesto nuestros esfuerzos en la Amazonía porque es la región que, históricamente, ha concentrado más del 50 % de la deforestación. Logramos un hito histórico con esta disminución. Sabemos que en el 85 % del territorio donde hemos firmado acuerdos de conservación con las familias, se está cumpliendo con la protección del bosque”, afirmó en su momento la ministra de Ambiente Susana Muhamad.

Sin embargo, esta reducción no se debió sólo a los tratos que el gobierno hizo con los campesinos de las zonas más deforestadas, sino a la intervención de los grupos armados organizados, principalmente las disidencias de las FARC, las cuales dominan la Amazonía colombiana.

Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, y Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), coinciden en que buena parte de los logros en la reducción de la deforestación en 2022 y 2023 ocurrieron por una política de intimidación y terror de los grupos armados, que prohibieron la deforestación en la ruralidad de departamentos amazónicos como Guaviare, Caquetá y sur del Meta.

Incluso, así lo afirmó el Bloque Oriental de las Farc, también conocido como Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, en un comunicado que publicaron a finales de septiembre de 2024. Allí indican que “en el año 2022 mediante comunicado se limitó a todos los campesinos la tumba de monte para contribuir en parar la nociva política de deforestación”.

Sin embargo, desde finales del año pasado, los armados les permitieron nuevamente a los campesinos tumbar la selva, ya que, según mencionan en su comunicado, los diálogos que el gobierno adelanta con ellos desde hace dos años no han llegado a consensos sobre temas como el manejo de las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales, garantías para los campesinos dentro de las áreas protegidas y una reforma rural integral.

“En otras palabras, ellos están diciendo que controlan la zona. La situación es tan crítica que incluso generaron un proyecto para parcelar el parque Tinigua y el gobierno no tiene control de 10 parques nacionales en la Amazonía”, comenta Rodríguez, y agrega que es muy probable que esa tendencia de la reducción se revierta, “pero esto no es muy claro porque no nos han mostrado datos de 2024”.

La ministra de Ambiente presentó las cifras parciales de deforestación. Se espera que en mayo y junio presenten las cifras totales de 2023. Foto: Ministerio de Ambiente de Colombia.

Lo único que se sabe hasta el momento es que la ministra Muhamad, en una rueda de prensa del pasado mes de abril, aseguró que en los primeros tres meses del 2024 se dio “un pico histórico”, que supera los datos de deforestación del primer trimestre de 2022, un “periodo que fue terrible”, porque solo en esos meses se perdieron 77 816 hectáreas de bosque. Se identificó un incremento de 40 % en el primer trimestre de 2024, en comparación con el 2023. Es decir que, entre enero y marzo de este año, Colombia habría perdido aproximadamente 109 000 hectáreas de bosque, superando así toda la deforestación que se causó en el 2023 (79 256 hectáreas).

A Rodríguez le preocupa que esta haya sido la única información oficial que se ha dado sobre la deforestación en 2024, ya que el gobierno no volvió a publicar los boletines trimestrales de alertas de deforestación. “Eso es falta de transparencia porque evidentemente el gobierno tiene los datos”, asegura.

Rodrigo Botero dice que el viaje de Gustavo Petro a San José del Guaviare en octubre da cuenta del difícil panorama que vive la Amazonía colombiana, ya que el presidente viajó con la ministra de Agricultura y de Ambiente para firmar con las organizaciones sociales y campesinas unos acuerdos de conservación y la entrada en vigor de la política ambiental y agraria para fortalecer y favorecer el ordenamiento territorial, así como los pagos por........

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