Mucho se ha debatido en torno a la relativamente reciente reforma al Poder Judicial en nuestro país y a las determinaciones que marcarían un antes y un después. La realidad es que tratándose de casos emblemáticos que involucran al Estado en crímenes contra movimientos sociales y sus líderes, la impunidad ha sido históricamente garantizada y no encontramos evidencias de que ahora sí los nuevos jueces y juezas los resolverán. 

Con el agravante de que no se tocó a las fiscalías encargadas de realizar una investigación confiable para ser presentada por vía jurisdiccional. Nos podríamos detener en la masacre del 2 de octubre de 1968 y los intentos fallidos para lograr el esclarecimiento y castigo a los responsables en los casos en que la consigna “fue el Estado” tuvo desde entonces evidencias suficientes. Ignacio Carrillo Prieto, como titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2001 y extinguida en 2006, durante el gobierno del panista Vicente Fox. 

Entre sus numerosas investigaciones destacamos la que promovió acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez como uno de los responsables por las masacres de estudiantes de 1968 y 1971. En su momento, el fiscal declaró........

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