En el actual modelo autonómico del Estado español los gastos de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) suponen aproximadamente un tercio del gasto público (el 34%), mientras los otros dos tercios lo integran los gastos centralizados. Dentro de estos gastos tiene una importancia mayor los gastos de la Seguridad Social (38%), por encima de otros gastos centralizados (como intereses de la deuda, inversiones, defensa, seguridad, etc. por un 28%).

Por su importancia absoluta[1] y por su carácter centralizado tiene mucho interés analizar desde una perspectiva desagregada territorial el sistema público de Seguridad Social en el Estado español, que con las cotizaciones de los trabajadores financia los pagos -mes a mes- de sus pensionistas. Porque, además, mientras no pocos gastos hoy centralizados podrían dejar de serlo en una estructura ya no autonómica sino federal (por ejemplo, algunas inversiones, sistema judicial o gastos de seguridad) puede ser menos aconsejable -como aquí veremos- hacer algo semejante con el sistema público de pensiones.

Al menos si no queremos desactivar sus efectos redistributivos actuales y al tiempo, bien al contrario, queremos corregir algunos efectos "regresivos" que se podrían estar produciendo en la actualidad. Ambas situaciones aconsejarían mantenerlo centralizado en una particular estructura federal.

El balance entre cotizaciones y pagos en pensiones arrojaba un déficit (año 2024) de unos 23 mil millones, lo que supone una cobertura media (cotizaciones/pensiones) del 86 %, lo que (dejando en este análisis al margen otros ingresos y gastos del sistema) obliga a un endeudamiento público y pago de intereses centralizados que se va acumulando. Sobre esa cobertura media detallo en una primera tabla la desagregación territorial de la misma en relación al nivel de riqueza medio de cada CC.AA. Todas ellas fueron ordenadas en la tabla desde la de mayor cobertura a la menor[2].

El conjunto del Estado español aparece con un valor cero pues la referencia son los 86 puntos de cobertura media del sistema. Se observan dos situaciones extremas: Asturias y Baleares. Asturias tiene una cobertura de apenas un 47 % y por eso en la tabla figura con el valor -39 (47-86) respecto a la cobertura media, mientras que Baleares tiene una cobertura envidiable del 125 % y en consecuencia en la tabla su valor es de 39 (125-86). Justo en las antípodas.

Se comprueba una lógica distributiva subyacente en que esto sea así, porque Baleares como vemos en la otra columna es de las CC.AA. más ricas (PIBpc) de España con 111 puntos sobre 100, mientras que Asturias está por debajo de la media con 91 puntos sobre 100 de riqueza media. Una lógica redistributiva que, con menor intensidad, beneficia también a Galicia, Cantabria, Castilla-León o Extremadura.

Claro que, al mismo tiempo, se comprueba que la "lógica redistributiva" no siempre se cumple en la actualidad. El caso más llamativo es el de Euskadi que con un nivel de riqueza muy elevado........

© La Haine