32 años han tenido que pasar para que un Gobierno Nacional planteara, con fundamentos técnicos y jurídicos, los lineamentos ambientales para ordenar un territorio de interés ecológico nacional como lo es la Sabana de Bogotá que, además, cuenta desde el año 93 con una taxativa priorización legal del uso de su suelo para actividades agropecuarios y forestales. Compuesta por 40 municipios, en una extensión de 580.000 hectáreas y habitada por millones de formas de vida, donde más de 10 millones son vidas humanas, la Sabana de Bogotá enfrenta hoy un nuevo desafío en el marco de la defensa de su integridad ecológica y la necesaria adaptación a las nuevas realidades climáticas.

Esta vez, el ‘Florero de Llorente’ fue la publicación del documento borrador de resolución de lineamientos que, a pesar de llevar meses preparándose con participación de distintos actores públicos y privados interesados en el tema, desató la ira de un sector minoritario, pero extremadamente poderoso, que no dudo en usar todas sus capacidades económicas, de influencia mediática y poder político porque vio amenazado su deseo codicioso por una serie de medidas que, si se revisan con detalle, están plenamente justificadas; no interfieren radicalmente en los proyectos de urbanización que ya se adelantan en la Sabana, y en cambio sí garantiza medidas urgentes para proteger sus ecosistemas, así como la vocación agropecuaria y forestal que debió priorizarse por mandato legal sobre la urbanización.   

Los gobiernos anteriores, a pesar de contar con las capacidades técnicas y estar en medio de una crisis climática declarada por parte de la comunidad científica mundial, decidieron mirar hacia un costado y no asumir el mandato legal de las leyes 99 de 1993 y 2294 de 2023 que exigían para la protección de la Sabana de Bogotá la formulación........

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