1.-Por la supresión de las deudas en relación con las viviendas sociales a las familias vulnerables.

Desde SOBERANÍA Y TRABAJO  exigimos que la Junta de Extremadura suprima todas las deudas que pudieran tener las familias que disponen de viviendas sociales de la Junta de Extremadura. El coste que pudiera tener esta reducción de las deudas a las familias más empobrecidas de la sociedad extremeña, es muy inferior a los impuestos que perdona el gobierno regional a los sectores más ricos y beneficiados de la sociedad extremeña. En medio de un contexto difícil, el gobierno regional no encuentra dificultades para renunciar a millones de euros en impuestos a los ricos:  sobre la herencia, sucesiones y donaciones, sobre el patrimonio y las transmisiones patrimoniales de las grandes fortunas; suprimir impuestos en millones de euros a las empresas energéticas propietarias de la central nuclear; distribuir millones de euros propios y de los fondos europeos para los grandes agricultores; subvenciona a las constructoras que a su vez reciben cuasi gratuitamente terrenos públicos de los ayuntamientos y luego venden las viviendas privadas a precios inalcanzables para las clases trabajadoras;

2.-La inflación castiga a las familias trabajadoras

Mientras la guerra cae sobre las espaldas de la población trabajadora con la subida de los precios de todos los consumos básicos para la vida, la gran banca española obtiene beneficios multimillonarios en este primer trimestre del año 2026. Las empresas especializadas como BLOMBERG estiman los beneficios de los grandes bancos españoles en más de 10.000 millones de euros. El capitalismo como siempre, se beneficia de la guerra y de la muerte, y en general, de la destrucción de las fuerzas productivas.

3.-El ministerio contra los pobres que cobran el Ingreso mínimo Vital

Los gobiernos no dejan de apretar las tuercas a las clases trabajadoras más empobrecidas. Así, el gobierno de coalición del PSOE y SUMAR en vez de garantizar y asegurar el derecho a una vida digna, desde el Ministerio de la Seguridad Social está enviando cartas certificadas a las personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En las cartas, se les anuncia apriorísticamente, por una hipótesis que no coincide con la realidad, que han sufrido cambios en la unidad de convivencia y deben justificar la nueva situación presentando nuevamente los empadronamientos históricos y colectivos. En los muchos casos que conocemos la conjetura del Ministerio es falsa, es decir, no se han producido modificaciones en la situación de la unidad de convivencia.  En definitiva, se desprende que, con estas cartas, el gobierno más progresista del mundo mundial, además del miedo que transmite para más fácilmente someter a los pobres, intenta eliminarlos del cobro del IMV por alguna irregularidad burocrática que no esté de acuerdo a las leyes que regulan esta ayuda social. Por tanto, pretende reducir en lo que pueda el gasto público social puesto que necesita todos los fondos públicos para la producción y compra de armas, para la guerra. Con este comportamiento, el MINISTERIO de la Seguridad Social está creando angustia e incertidumbre en quienes están en la exclusión social y que por sus dificultades para acceder al mercado de trabajo sólo tienen como recurso el IMV.

4.- La Junta de Extremadura no quiere viviendas públicas. Las instituciones públicas no garantizan unos ingresos mínimos, tampoco aseguran una vivienda digna. El Estado no tiene la más mínima intención de satisfacer la necesidad humana a una vivienda digna. El derecho y la propia necesidad de la vivienda debieran ser independientes de la situación económica de las personas y de la voluntad política de los gobiernos. Sin embargo, en las sociedades capitalistas la vivienda es una mercancía, la compra quien puede.

En este orden de cosas, la Junta de Extremadura que promete 3.000 viviendas, actúa por mediación del Organismo Autónomo de Recaudación, institución dependiente de la Diputación Provincial, encargada del cobro de tributos y deudas de administraciones públicas.  El OAR, está enviando cartas certificadas a las personas que disponen de viviendas sociales diciéndoles que deben ponerse al día de sus pagos mensuales, porque en caso contrario, según las leyes, la Junta de Extremadura, propietaria de las viviendas sociales, puede extinguir los contratos; es decir, pueden desahuciarlas como ya ha hecho en otros casos. Las cartas están generando miedo e incertidumbre no sólo a quienes puedan tener deudas; puesto que corren voces de que presumiblemente las verdaderas intenciones de la Junta de Extremadura sea la de vender las viviendas sociales a empresas privadas, algo parecido a lo que ocurrió en Madrid.

Mientras se favorece la construcción de Viviendas Privadas, no se construyen viviendas públicas para las familias trabajadoras y los sectores sociales más humiles. En las localidades, no hay viviendas públicas, los precios de los alquileres son muy elevados, y la gente se tiene que apañar compartiendo viviendas, o en infraviviendas, los salarios están precarizados, las ayudas sociales se reducen y son de miseria, los precios de los alimentos y combustibles suben sin parar, y mientras tanto, las empresas eléctricas y los bancos se enriquecen a nuestra costa.

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