En principio, el acuerdo para la formación de gobierno en Extremadura viene a ser un ensayo general de la tendencia que se espera en la política española en un futuro inmediato. El PP se doblega y derechiza aún más de lo que ya está, aceptando planteamientos que presuntamente rayan en comportamientos fascistas, a la vez que normaliza institucionalmente las políticas de extrema derecha que patrocinan Abascal y los suyos. De todos modos, hay incongruencias en materia de inmigración que no caben en las leyes y normas que regulan ese ámbito en este país. La política regional no tiene competencias, a lo más que llega es a ser un simple espectador, a no ser que el pacto de gobierno se haya tomado pensando en un futuro gobierno estatal PP-VOX que modificaría normas en materia inmigratoria contemplando un margen de maniobra para la intervención en esos asuntos a las comunidades autónomas.

1.-Las mentiras en las que se esconde VOX

El acuerdo entre PP y VOX en la geografía extremeña concede unas prerrogativas importantes a la extrema derecha en materia de inmigración. El rechazo a los inmigrantes es el apartado político y social que más se repite en sus acuerdos de gobierno. VOX recalca la falacia de que lo español está por encima de todo, a la hora de concesión de ayudas sociales, de viviendas, de atención sanitaria y en general, de todo lo que refiera a la participación de la administración. La mentira es la fachada que oculta lo que realmente le interesa a VOX: recortar los derechos laborales y civiles, eliminar los impuestos a los ricos, a las grandes corporaciones empresariales y a las empresas energéticas. El patrioterismo que tiene VOX es el de ser útil y servicial a los grandes empresarios; estas cosas se irán viendo poco a poco.

El fascismo incrustado en los grupos políticos derechistas es un proyecto político con raíces profundas y con una función muy concreta en las sociedades capitalistas. No cuestionan la propiedad privada ni las clases sociales, sus objetivos son las privatizaciones, reducciones de salarios y la eliminación de los impuestos a los más ricos. Por eso, en este acuerdo, detrás de la palabrería y la retórica de la defensa de Extremadura con todos sus ritos y señuelos patrioteros, se destapa un interés que viene ya determinado para servir a las grandes corporaciones, empresas energéticas y entidades bancarias.

2.- Los empresarios contradicen a VOX: quieren fuerza de trabajo inmigrante

Sin embargo, los empresarios por medio de su presidente GARAMENDI han dicho bien claro que están por la Regularización de la Inmigración, porque necesitan mano de obra en muchos sectores de la economía, transporte, agricultura, hostelería y restauración, en los cuidados, etc. GARAMENDI considera que la falta de fuerza de trabajo es una realidad ya existente en el tejido productivo. En definitiva, el portavoz de los patrones quiere que el gobierno colabore con los empresarios en una mayor incorporación de mano de obra al mercado laboral.

3.- Sobre las viviendas

El acuerdo señala que se construirán más de 3000 viviendas. Es una repetición de lo que venía diciendo el PP. La extrema derecha, VOX, dice que los españoles tendrán preferencia para el acceso a las viviendas sociales, pero la realidad es que no hay viviendas sociales en las diferentes localidades de Extremadura. Es una mentira que montan sobre el acceso de los inmigrantes a las viviendas sociales. El verdadero problema es que no se hacen viviendas sociales, y las que se han hecho como ha ocurrido en Villafranca de los Barros tardan 12 o 13 años en llegar a las familias solicitantes; por cierto, ninguna de ellas es inmigrante. Todo lo que se dice sobre esto es una propaganda para engañar al más ignorante, es una mentira añeja que se viene repitiendo desde hace muchos años.

4.- Sobre las ayudas sociales

En cuanto a que los españoles tienen que tener preferencia para las ayudas sociales. En Campamento Dignidad conocemos todos esos asuntos, estamos al día de ellos en diferentes localidades de Extremadura. Muy pocos inmigrantes reciben ayudas sociales de la administración regional o estatal. Uno de los problemas de las ayudas sociales es que están sometidas a una burocracia enorme, a un sinfín de documentos, a un largo camino que hay que recorrer de organismo en organismo hasta cruzar las barreras administrativas. Además, estas ayudas sociales son ridículas, las famosas paguitas que la derecha tanto menciona son falacias propagandísticas, son declaraciones falsas para acrecentar el odio al pobre, más que al inmigrante. Las personas que cobran ayudas sociales son personas o familias que están en exclusión social, es difícil que una familia de inmigrante reúna los requisitos exigidos, pero en todo caso, las ayudas que se cobran son de miseria, de 480 euros a 700 euros.

5.- El dinero público para los grandes propietarios

Estos parlamentarios que practican la APOROFOBIA, el rechazo, la aversión hacia las personas pobres, desamparadas o en situación de exclusión social, vienen cobrando sueldos de 4000 o 5000 euros. Estos parlamentarios repletos de una ideología que rebosa maldad e inmoralidad, con todo placer hacen leyes y toman acuerdos para negar e impedir que seres humanos en la pobreza y en exclusión social no puedan acceder a bienes indispensables para la vida. Estos mandatarios expresan su calificativo político cuando programan y sienten regocijo y placer en servir a quienes reciben millones de euros para la modernización de sus empresas y despiden a los trabajadores. Las grandes corporaciones reciben millones de subvenciones que probablemente estén superando los presupuestos del estado en materia de sanidad; critican las ayudas sociales de unos cientos de euros si luego quieren suprimir unas cuantas decenas de millones de euros que las energéticas pagan en impuestos a la administración regional. Tampoco se oponen a los millones de euros que reciben de la PAC los grandes propietarios de enormes extensiones de tierra, sin que para nada justifican el empleo y la producción de alimentos. Extremadura tiene en sus presupuestos procedentes de EUROPA más de 1300 millones de euros.

5.- El ingreso mínimo vital, o la nueva persecución a los excluidos socialmente.

Las presiones de la extrema derecha oponiéndose a las ayudas sociales que reciben los pobres tiene una repercusión importante sobre las decisiones del gobierno. El gobierno de coalición sigue los dictados de la extrema derecha con el Ingreso Mínimo Vital. En estos días, la Seguridad Social está enviando escritos a las personas que cobran esta ayuda social para que demuestren que la unidad de convivencia no se ha modificado. No tienen bastante con los informes de los servicios sociales que vuelven a insistir ejerciendo un nuevo control más estricto y exigente. Según las nuevas instrucciones, todas las personas tendrán que presentar un empadronamiento histórico y colectivo; los que tengan alquiladas habitaciones porque no tienen medios para pagar un piso tendrán que recurrir a los servicios sociales para que justifiquen su situación de convivencia compartida. El Estado más progresista del mundo mundial en donde hay partidos que se llaman de izquierda en coalición con el gobierno vuelven a apretar la tuerca y no se fían de los pobres.  Mientras hay esta persecución contra los sectores más humildes de la sociedad, el Estado DONA miles de millones al gobierno nazi-fascista de UCRANIA, y subvenciones para que empresas de automoción se reconviertan en fábricas productoras de armas para la guerra.

6.- Sobre las privatizaciones

Otra cuestión que mencionan frecuentemente los políticos de VOX, que se contempla en el programa de gobierno de la coalición PP-VOX, es lo referente a las privatizaciones. El acuerdo dice que se intensificará la colaboración público-privada, o lo que es lo mismo dinero público para beneficios privados, lo que implica que habrá un olvido de la sanidad pública, de la educación pública. En definitiva, habrá más dinero para los centros educativos privados y concertados, para la sanidad privada, los centros residenciales privados y las guarderías privadas. En este apartado destaca la palabrería que impregna todo el conjunto de los acuerdos del programa de gobierno, cuando indican que pondrán en marcha los regadíos de Tierra de Barros. Un proyecto muy deseado por los grandes agricultores de la zona y fallido desde hace más de 50 años. Sin embargo, no se dice nada de su presupuesto, y de que el dinero inicialmente previsto en la época del gobierno de VARA ya se ha gastado por el PP en otras cuestiones. En definitiva, propaganda que suena a promesa sin contenido práctico.

Juan Viera es miembro de SOBERANÍA Y TRABAJO

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