El gobierno del PSOE ha prometido que en abril verá la luz un Real Decreto que permitirá la regularización de un importante numero de personas inmigradas, una Regularización extraordinaria que se ha anunciado como masiva, histórica y otros muchos eufemismos.

Sin embargo, conforme pasa el tiempo y se conocen nuevos borradores, aparecen también nuevas barreras que dejarán fuera de este proceso a muchas personas sin papeles.

El triunfalismo de los anuncios gubernamentales oculta algunos problemas que queremos poner en claro, negro sobre blanco, en este artículo

El primer problema proviene del requisito de demostrar cinco meses de estancia ininterrumpida en España a la hora de presentar la solicitud. Se ha dicho con bastante ligereza que esta estancia se puede demostrar con cualquier medio de prueba público o privado. La realidad es que exceptuando el padrón esos medios de prueba (citas médicas, envíos de dinero, billetes de transporte) demuestran la estancia del día que tienen lugar, pero ni del día anterior ni del posterior y estos vacíos incumplen el requisito de estancia ininterrumpida. Y en cuanto al padrón es de sobra conocido que muchos ayuntamientos incumplen la Ley y se niegan a empadronar a miles de vecinos que viven sin contrato de alquiler en habitaciones, en locales, en la calle, en pisos ocupados, …

En la regularización de Zapatero se acuñó un termino para estos casos: el padrón por omisión y oficinas municipales o gubernamentales extendían un documento que probaba la estancia de personas que tenían varias pruebas aunque estas estuviesen espaciadas en el tiempo. Ahora, por el momento, no es así.

Un segundo problema es la existencia absoluta y conscientemente ocultada de un cuarto requisito: contrato o familia o vulnerabilidad. Alarma especialmente el tema del trabajo o el contrato cuando es claro que los sin papeles no tienen trabajo legal y tampoco contrato porque de lo contrario podrían acceder a uno de los arraigos. También resulta extraño el requisito de certificar vulnerabilidad, máxime cuando a continuación se dice que todo sin papeles se presume vulnerable. No se entiende porque estos requisitos aparecen en el texto cuando se sabe que las personas que optarán a esta regularización serán obligatoriamente sin papeles

Y el tercer problema, quizás el más grave, es el corto espacio de tiempo fijado para la presentación de solicitudes, 90 días en el mejor de los casos. El gobierno ha anunciado la apertura de oficinas especiales para facilitar la presentación pero nada ha dicho del imprescindible aumento del personal de extranjería que ya, sin regularización, está absolutamente colapsado con miles de expedientes tardando hasta 8 meses en resolverse.

Si la presentación se realiza por los medios telemáticos actuales, las colas interminables convivirán con abogados y gestores cobrando cuantosas sumas y aprovechándose económicamente de personas supuestamente vulnerables, es decir carentes de recursos.

La explicación que se maneja para justificar este corto espacio de tiempo es la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Si así fuese, este proceso de regularización sería la antesala de un proceso de deportación tan o más masivo pero en absoluto anunciado.

Toda la ambigüedad y pomposidad que está rodeando el proceso no es gratuita. Tiene el objetivo de que las personas inmigradas vivan el cuento de la lechera de obtener papeles con todas las facilidades y tropiecen en cualquier piedra sin reaccionar y presionar en la calle para que esta regularización sea realmente masiva y permita una vida digna a cientos de miles de personas trabajadoras a las que la racista Ley de Extranjería priva de derechos. Eso si sería justicia social y no palabrería.

La realidad final del texto del decreto y su aplicación demostrará si estamos o no equivocados

Associació Papers i Drets per a Tothom

© Kaos en la red