Quizá les sorprenda el enunciado y el interrogante, es evidente que al común les repele esa posibilidad. Sin embargo, la cuestión de si un juez puede estar afiliado a un partido político sin quebrar la imparcialidad exigida por el Estado de Derecho es uno de los debates más sensibles en la teoría constitucional contemporánea. Es cierto que España mantiene a rajatabla una prohibición absoluta de afiliación, pero numerosos países europeos —y el sistema judicial estadounidense— permiten la «afiliación pasiva», siempre que no exista actividad política ni participación en estructuras partidistas.

Este contraste normativo –que debe llamar la atención- obliga a preguntarse si la mera afiliación compromete la «neutralidad judicial», si la ideología puede infiltrarse en la sentencia y si la ciudadanía podría percibir una quiebra de confianza en la justicia, como servicio público y como valor constitucional. Hemos de señalar que en países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca o Suecia, los jueces........

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