La Generalitat Valenciana descarta una tasa turística y señala que Sánchez "llega tarde" con sus medidas

La Generalitat Valenciana descarta una tasa turística y señala que Sánchez "llega tarde" con sus medidas / Europa Press

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tuvo que emplearse con contundencia este viernes, en su comparecencia semanal tras la reunión del Gobierno autonómico, para cortar de raíz un debate que se había venido recalentando en las últimas semanas, coincidiendo con los “llenos” que ha vivido València estas Fallas: el de la imposición de la llamada tasa turística, un impuesto para gravar las pernoctaciones. Esta vez, las voces reclamándola no han partido de la izquierda, que la aprobó con muchos condicionantes el último año del Botànic sin que llegara a aplicarse al ser derogada por Mazón nada más llegar a la Presidencia, sino de las propias filas del PP, con la alcaldesa de València, María José Catalá, poniendo la cuestión sobre la mesa. Y también de una parte del empresariado valenciano, enfrentado en esto al alicantino. Mientras Juan Roig afirmaba esta semana que “hay que obtener más recursos de los turistas”, su compañero de AVE y presidente de la poderosa patronal de Hostelería Hosbec, Fede Fuster, razonaba que no nos deberíamos quejar de los aranceles de Trump cuando queremos imponerle aranceles al turismo, que es nuestro principal sector exportador en tanto que es el que más ingresos del exterior aporta.

La tasa turística es un bumerán que llevamos viendo ir y volver desde hace un cuarto de siglo, cuando Baleares reguló lo que en 2002 se llamó “la ecotasa”. El PP, que hasta aquí siempre se había opuesto a ella, la eliminó cuando recuperó el Gobierno de las islas. Pero en la década siguiente el impuesto se recuperó allí y se implantó en Cataluña, donde se aplica desde 2012. La discusión sobre la conveniencia de adoptarla o no ha estado siempre contaminada por argumentaciones más políticas que técnicas: los partidos coaligados en el Botànic la aprobaron en las Cortes con la entonces portavoz de Podemos levantando el puño abrazada a los síndicos de Compromís y el PSOE, como si cobrar a los turistas un plus por dormir equivaliera a tomar el Palacio de Invierno, y estuvo a punto de provocar la renuncia del secretario de Turismo, el socialista Francesc Colomer, uno de los mejores que han ocupado ese puesto, por su oposición a la misma. Su supresión, anunciada con igual aparato pirotécnico que si Google hubiera trasladado su sede central a la Comunidad, fue la primera medida que adoptó Mazón en cuanto tomó posesión del Palau.

En realidad, los alegatos a favor de la implantación han tenido poco que ver hasta aquí con los objetivos que se dicen perseguir. La tasa es un instrumento recaudatorio, pero nada más: no sirve para evitar la masificación, ni la gentrificación, ni la subida de los precios, ni la baja calidad del turismo que nos llega. Tampoco ha demostrado mejorar las infraestructuras ni los servicios. No ha tenido ninguno de esos efectos en las ciudades donde desde hace años se cobra (ni en Amsterdam, ni en Nueva York, ni en París, ni en Barcelona, por citar sólo los ejemplos que siempre se exhiben), sino que al contrario los problemas antes citados han ido en aumento, donde se ha impuesto y donde no.

Tampoco es un tributo que vayan a pagar “los de fuera” solamente, como alguna vez parece. Lo va a abonar igual el turista alemán que se aloje en un hospedaje reglado de València que el alicantino que visite Castellón y pernocte allí, porque la normativa europea impide que se establezca ningún tipo de discriminación en ese sentido. Es un debate repleto de paradojas. ¿Quién consume más servicios pero contribuye menos a su sostenimiento? ¿Los turistas que reservan varias noches de hotel o alquilan un apartamento legal o los que cogen un AVE en Albacete para pasarse la noche celebrando una despedida de soltero en Alicante y volver a primera hora de la mañana en el mismo tren que les trajo? Pues es a los primeros a los que queremos hacerles pagar más, aunque en realidad las mayores molestias las estén ocasionando los segundos. Si todos los hoteles de la ciudad de València hubieran colgado el cartel de “completo” estas Fallas, el total de visitantes que habrían aportado sería de 18.000 personas, porque ese es el número de plazas que hay. ¿Es esa la causa de los problemas que han reventado este año?

La tasa no es el bálsamo de Fierabrás. Es en todo caso un impuesto más que pueden permitirse algunas grandes capitales, como las antes citadas y probablemente también como València, pero que no puede generalizarse: ningún mercado que compite en precio, y en general ese es el caso de la Comunidad Valenciana, la ha ejecutado hasta aquí. En Cataluña, la tasa (cuya duplicación, hasta los 6 euros por persona y noche, acaba de aprobarse) es autonómica y se cobra en todos los lugares, pero sólo dos ayuntamientos desde 2012 han añadido el recargo que la ley les permitía: Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat. La ciudad condal, con 15 euros por persona y noche, va a pasar a ser la capital europea que cobre una tasa más alta. Pero no parece que eso vaya a solventar ninguno de los problemas de saturación y elevación del precio de la vivienda y los alquileres que la aquejan, porque todos ellos han ido a peor a pesar de tener el impuesto en vigor desde hace más de una década. Por cierto, Venecia lleva más tiempo cobrándola… y deteriorándose.

Tiene poco sentido pensar que una política impositiva por sí sola sirva para regular estancias y precios, si no va acompañada de muchas más medidas y de mayor calado, precisamente aquellas sobre las que nunca se debate. Volvamos a las paradojas: cobraremos al que ya ha pagado por su estancia (y cada vez a mayor precio) sin ser capaces de articular una estrategia efectiva que evite que las grandes plataformas colonicen las ciudades, comercialicen alojamientos ilegales y no paguen impuestos aquí, sino en Irlanda; trataremos de abanderar el “turismo friendly”, pero impondremos un repago por venir; trasladaremos al turismo el principio de “el que contamina, paga”, cuando ya se ha demostrado que lo inteligente no es pagar, sino no contaminar; y nos seguiremos gastando una millonada en promocionar en el exterior las Fallas, la Magdalena o las Hogueras al mismo tiempo que, siendo el nicho de votos que son, todos los gobiernos seguirán siendo incapaces de regularlas con mayores dosis de racionalidad. Puestos a que los ayuntamientos cuenten con más recursos, ¿no sería mucho más efectivo que se les cediera una mínima parte del IVA que el Turismo produce? Porque esa es otra de las paradojas: las ciudades europeas donde se paga la tasa cobran en casi todos los casos un IVA menor que el de España por las estancias.

El PP, de todas formas, tiene esta vez difícil aguantar el tirón. En Andalucía, son los alcaldes de las principales ciudades (Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada…, todos populares) los que abanderan la reclamación de la tasa frente a la resistencia de la Junta. Pero en la Comunidad Valenciana el problema es peor, porque amenaza con provocar un incendio en el partido, cuyo presidente regional en funciones, Juan Francisco Pérez Llorca, y su presidente provincial en Alicante, Toni Pérez, president de la Generalitat el primero y alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación el segundo, se oponen a implantarla, mientras los alcaldes de las dos ciudades más importantes, María José Catalá en València y Luis Barcala en Alicante, son partidarios de ella. Llorca, que encima es de familia hotelera, podrá resistirse en lo que queda de legislatura, porque hasta sus enemigos internos saben que no es tiempo de vuelcos. Pero es difícil pensar que el PP pueda volver a llevar el “no a la tasa” en su próximo programa electoral.

“Vivimos en un diabólico equilibrio de farsas”, dice El Patachula en “Los vencejos”. Y esta de la tasa, por pequeña que sea, es una más de ellas. Que en la Comunidad Valenciana, además, siempre cobra vida en los momentos más inoportunos: con la izquierda, tras la pandemia; con la derecha, mientras Trump bombardea el mundo. Muy inteligente no parece.

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