La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Hay algo especialmente preocupante en lo ocurrido con las listas de espera quirúrgicas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El debate no debería centrarse únicamente en cómo se gestionaron 57 personas, sino también en qué sucede cuando quien denuncia una posible irregularidad termina convertido en acusado.

Entre febrero y marzo de 2025, 57 personas clasificadas como preferentes fueron reclasificadas como normales, ampliando de 90 a 180 días el plazo de referencia para su intervención, sin conocimiento de los cirujanos responsables. Una grabación conocida posteriormente recoge a responsables del centro reconociendo que se acordó pasar prioridades preferentes a normales, contradiciendo la versión que atribuía al cirujano denunciante, Luis Alberto Martos, la responsabilidad de los cambios.

Una administración pública puede y debe investigar cualquier denuncia. Lo difícilmente compatible con la transparencia es desacreditar al denunciante antes de esclarecer los hechos, atribuirle intenciones y desplazar hacia él el foco mientras las decisiones denunciadas quedan en segundo plano. El mensaje para los profesionales resulta devastador, pues denunciar puede resultar más peligroso que callar.

No se trata de estadísticas.........

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