En las últimas semanas asistimos en España a un curioso espectáculo político en el que algunos expresidentes del Gobierno reaparecen en el escenario mediático con una intensidad que roza lo esperpéntico. Intervenciones públicas, declaraciones grandilocuentes, advertencias casi apocalípticas y juicios severos sobre la política actual parecen haberse convertido en una especie de segunda vida política para quienes, hace años, ya abandonaron formalmente la responsabilidad de gobernar.

Quienes en su momento ejercieron la presidencia del Gobierno lo hicieron por voluntad democrática de la ciudadanía. Durante sus respectivos mandatos tuvieron la oportunidad de desarrollar sus proyectos políticos, tomar decisiones estratégicas, asumir riesgos y gestionar las inevitables crisis que acompañan a cualquier etapa de gobierno. Sus aciertos y sus errores forman parte de la historia política reciente de España, y tanto el juicio ciudadano como el paso del tiempo han ido situando cada etapa en el lugar que le corresponde.

Nada de ello resulta extraño ni problemático. Al contrario, forma parte del normal devenir de una sociedad democrática. Lo que sí es cuestionable es que, muchos años después, parezcan incapaces de desprenderse del papel institucional que un día ejercieron y continúen interviniendo públicamente como si todavía les correspondiera una autoridad moral o política especial para hacerlo.

No se trata de negarles su derecho a opinar. Como cualquier ciudadano, tienen pleno derecho a expresar sus ideas sobre la política actual, sobre el rumbo de sus partidos o sobre las decisiones de quienes hoy gobiernan. La libertad de expresión es un principio básico de la democracia y, naturalmente, también les ampara a ellos. El problema surge cuando esas opiniones se realizan desde el aura presidencial que se esfuerzan en mantener. Como si su pasada condición les otorgara una legitimidad superior para orientar, corregir o amonestar a quienes hoy ocupan responsabilidades públicas.

El problema es que no intervienen como ciudadanos, sino como si su recuerdo presidencial siguiera otorgándoles una posición de influencia en el debate político. Sin embargo, en demasiadas ocasiones su comportamiento se asemeja más al de mediocres y torpes tertulianos que al de antiguos jefes de gobierno. Sus intervenciones, además, se producen en escenarios mediáticos cuidadosamente diseñados para su lucimiento. Un lucimiento que, paradójicamente, suele resultar de todo menos luminoso.

Felipe González acuñó en su día la célebre metáfora de los “jarrones chinos”, como piezas valiosas difíciles de colocar. Aznar, a su vez, reivindicó que nadie debía decirle cuándo, cómo o qué expresar. Ambas frases ilustran bien la tensión que acompaña al papel de quienes han ocupado la máxima responsabilidad política del país. Sin embargo, ni una cosa ni la otra resuelve el problema. No son objetos decorativos condenados al silencio, pero tampoco pueden comportarse como si la autoridad política que un día ejercieron siguiera otorgándoles una posición de superioridad en el debate público actual.

La verdadera dificultad reside en saber asumir con naturalidad la condición de expresidente. Es decir, comprender que el liderazgo político tiene un tiempo y que, una vez concluido, la influencia pública debe ejercerse desde la prudencia, la reflexión y el respeto institucional. Convertir cada intervención en una advertencia dramática sobre el rumbo del país, o presentarse como una especie de conciencia moral de la nación, acaba proyectando una imagen más cercana a la nostalgia que a la responsabilidad.

Resulta especialmente llamativo cuando esas críticas se dirigen a decisiones políticas —pactos parlamentarios, estrategias de partido o posicionamientos internacionales— que, en su momento, ellos mismos adoptaron o toleraron en circunstancias similares. La hemeroteca política es extensa y la memoria democrática no suele ser indulgente con quienes parecen olvidar sus propias decisiones cuando juzgan las ajenas.

La grandeza política no se mide únicamente por lo que se hizo durante el ejercicio del poder, sino también por la capacidad de retirarse de él con elegancia. Saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo guardar silencio forma parte de esa elegancia institucional que distingue a los verdaderos estadistas de quienes terminan atrapados en la nostalgia de su propio tiempo sin saber dónde situar los límites.

Persistir en la tentación de regresar constantemente al primer plano no engrandece su legado. Al contrario, corren el riesgo de convertir su recuerdo en una caricatura de lo que fueron o de lo que pudieron haber sido.

Convendría recordar que la historia política no se construye a base de apariciones tardías ni de admoniciones públicas, sino de trayectorias coherentes. Por eso, quienes un día ocuparon la presidencia harían bien en proteger su propia memoria política ejerciendo la libertad de expresión con la misma responsabilidad institucional que se les exigía cuando gobernaban.

No sean tan tenaces a la hora de arruinar su reputación y de erosionar su dignidad política. Todos, incluidos ustedes, lo agradeceremos. Y su recuerdo permanecerá como parte natural de nuestra historia democrática, no como una insistente y torpe tentativa de regresar a un tiempo que, simplemente, ya pasó.

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