Varias personas lloran la muerte de un familiar durante los ataques de Israel. / BASHAR TALEB / AFP

No todas las decisiones políticas pueden justificarse apelando a la seguridad, a la legalidad o a la tradición. Algunas, sencillamente, cruzan una línea que no debería cruzarse. La reciente aprobación por parte del parlamento israelí de la pena de muerte en la horca para palestinos acusados de terrorismo no es una medida más en el contexto de un conflicto prolongado. Es la formalización jurídica de una desigualdad, la institucionalización de un castigo selectivo y el síntoma de una deriva que ya no puede ocultarse tras el lenguaje de la defensa o la supervivencia.

Lo que se ha aprobado no es solo la pena de muerte. Es su aplicación diferenciada. Para unos, tribunales militares y horca. Para otros, tribunales civiles y garantías. No es un matiz técnico. Es una frontera moral. Cuando la ley establece categorías de personas en función de su origen o identidad, deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en una herramienta de dominación. Y eso, por definición, no es compatible con una democracia que pretenda serlo.

El problema va más allá. La definición de terrorismo que sostiene esta norma es tan amplia como interesada. Se considera terrorismo no solo el asesinato de ciudadanos israelíes, sino también determinadas acciones de resistencia frente a una ocupación que dura décadas. En ese marco, la distinción entre violencia y defensa se difumina deliberadamente. Un palestino que, en un contexto de ocupación, mata a un colono o a un soldado israelí, posiblemente defendiéndose, no solo será juzgado, será condenado desde una estructura legal diseñada para asegurar su castigo.

El resultado es una forma de violencia institucionalizada que no necesita ocultarse. Se normaliza. Se legisla. Se presenta como respuesta necesaria. Y en ese proceso, la pena de muerte es el mensaje político de que hay vidas que valen menos, hay identidades que merecen menos derechos, hay personas cuya existencia puede ser administrada hasta sus últimas consecuencias.

No es exagerado hablar de exterminio cuando las decisiones políticas, militares y jurídicas confluyen en la negación sistemática de un pueblo. No es retórica señalar la xenofobia cuando la ley distingue explícitamente entre unos y otros. No es una licencia discursiva hablar de tortura institucionalizada cuando el sistema legitima el castigo extremo sin garantías equivalentes. Es, sencillamente, describir lo que está ocurriendo.

Que esta iniciativa parta de sectores ultranacionalistas que sostienen interesadamente un gobierno, no sorprende. Que haya sido aprobada con el respaldo de su máxima autoridad sí debería hacerlo. Que uno de sus promotores pretendiera celebrarlo brindando con champán en la propia cámara no es una anécdota. Es un símbolo. Un gesto que resume con crudeza la distancia entre quienes toman decisiones y quienes padecen sus consecuencias. La mezquindad convertida en espectáculo.

Pero hay otro elemento igualmente inquietante, la reacción —o la ausencia de ella—. La sociedad israelí no ha contestado de manera proporcional a la gravedad de la medida. La comunidad internacional, más allá de recoger la noticia, no ha articulado una respuesta firme, clara y sostenida. Se normaliza lo inaceptable. Se asume como parte del conflicto. Se integra en una narrativa en la que todo parece justificable si se invoca la seguridad.

Todo ello se articula, además, en nombre de una supuesta legitimidad histórica y religiosa. La apelación a la Tierra Prometida, a la voluntad divina o a la interpretación de textos sagrados se utiliza como fundamento último de decisiones políticas que tienen consecuencias devastadoras sobre la vida de miles de personas. Cuando la religión se convierte en argumento de poder, el riesgo de deriva autoritaria es evidente. Porque lo que se presenta como mandato divino acaba funcionando como coartada política.

Seguir defendiendo a Israel por ser una democracia liberal no es solo inexacto, es una forma de blanquear una realidad que ya no se sostiene. La democracia no consiste en someter a un pueblo a la voluntad de unos pocos mediante leyes que institucionalizan la desigualdad, la represión y la violencia. Cuando la democracia se utiliza para justificar decisiones que niegan derechos, discriminan y castigan en función de la identidad, deja de ser democracia para convertirse en un instrumento de dominación. Y llamarla democracia en ese contexto no es un error, es una complicidad.

El problema es que estas dinámicas no son exclusivas de un país ni de un conflicto concreto. Son el reflejo de una tendencia más amplia en la que el miedo, la identidad y la seguridad se utilizan para justificar recortes de derechos, endurecimiento de las leyes y concentración de poder, en nombre de Dios o la patria. Lo que hoy parece lejano puede convertirse mañana en referente. Lo que hoy se tolera como excepción puede consolidarse como norma.

Algo deberíamos aprender de todo lo que está sucediendo. Sino lo hacemos, cuando queramos darnos cuenta alguien estará brindando con cava, por cuestiones similares, en el parlamento español.

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