Archivo - Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

No es este el lugar para realizar un análisis jurídico sobre la llamada ley de nietos. Llevaría muy lejos. Sí debe ser, como espacio de opinión, el adecuado para reflexionar acerca de lo que la rodea, muy propio del momento en que vivimos y compatible con la política, mala política, del voto como aspiración única, que preside una época que no valdrá la pena con el tiempo recordar.

Nadie se opuso nunca a nacionalizar a los hijos y nietos de los exiliados, aquellos que salieron de España por obligación dejando todo en su huida. Eran españoles a los que este su país les debía mucho y la deuda tenía que pagarse. La ley de nietos, sin embargo, excedió ese objetivo loable y se decidió administrativamente, contra la letra de la norma y mediante una interpretación que puede ser incompatible con la misma ley y contraria a su finalidad, que el exilio no habría de probarse, imponiendo una presunción de existencia solo por el hecho del momento en que se produjo la salida de España, extendiéndose además a fechas muy distantes del fenómeno político que era o fue la causa del exilio (1955). Y siempre sin exigir una prueba de la marcha, de las razones o, incluso, de la procedencia, del lugar de origen en España en el cual, lógicamente, ha de........

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