El ilicitano Alejandro Soler, en un acto reciente del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante / EP

En los últimos años, el desgaste electoral del Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad visible en prácticamente toda España.

A las derrotas acumuladas en distintas comunidades autónomas se suma un elemento todavía más dañino: la sucesión de escándalos y casos de corrupción que, con distinto alcance, han terminado afectando a las siglas socialistas en el debate público. La combinación de retroceso en las urnas y deterioro reputacional configura un escenario político complejo que tendrá inevitable impacto en las próximas citas electorales.

El calendario no concede margen, las elecciones autonómicas en Castilla y León previstas para marzo, las posteriores en Andalucía y ello tras los resultados conocidos en Aragón, marcarán el tono político antes de las municipales y de las generales del año 2027.

Cada convocatoria contribuye a consolidar una percepción de ciclo, y cuando en política se instala la idea de fin de etapa, revertirla exige algo más que discursos; requiere resultados claros y una reconstrucción profunda de la confianza ciudadana, lo que no parece estar al alcance del presidente del Gobierno.

La corrupción no es un factor neutro en esa ecuación, aunque los procedimientos judiciales afecten a personas concretas e incluso aparte de la organización socialista, la percepción pública tiende a generalizar responsabilidades. El ciudadano medio no distingue con precisión entre niveles orgánicos o territoriales; percibe un clima. Y ese clima erosiona la credibilidad del proyecto colectivo socialista, especialmente en........

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