Juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Ha querido la casualidad que se estén celebrando al mismo tiempo dos casos de corrupción política que afectan a los dos principales partidos políticos españoles. En la Audiencia Nacional se está juzgando el caso Kitchen que se gestó durante el último gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Lo primero que hay que decir sobre este caso es que se están juzgando unos hechos que ocurrieron hace 13 años. Cómo es posible que se haya tardado tanto tiempo en celebrar la vista oral es uno de esos grandes misterios que se dan en la justicia española. El caso Kitchen se originó, como sabrá el lector, para tapar el caso Gürtel lo cual supuso, al unirse ambos casos, un escándalo de tal tamaño que removió los cimientos del Estado mucho más de lo que los españoles fuimos conscientes. Por otro lado en el Tribunal Supremo se está celebrando el caso mascarillas que ha sentado en el banquillo a José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. También está imputado el empresario Víctor de Aldama, además de por esta causa en otra por un delito fiscal de 180 millones de euros a la Hacienda Pública, y que ha logrado evitar la cárcel en el caso mascarillas y salir en libertad provisional por el fraude de los hidrocarburos gracias a que aseguró, ante la autoridad judicial competente, tener supuestas pruebas de la implicación de varios miembros del Gobierno y de los otros dos imputados en el caso mascarillas que jamás ha aportado y que, sin embargo, no ha impedido que continúe en libertad, al contrario que Ábalos y Koldo.

De ambos casos sorprende la rapidez con que se ha instruido el caso Mascarillas, en apenas dos años, mientras que el caso Kitchen, como he dicho antes, ha tardado trece años. Años durante los cuales hemos escuchado las múltiples grabaciones que el chico para todo del Partido Popular, el excomisario José Manuel Villarejo, hizo a todo aquel o aquella que se sentó delante de él. Especialmente llamativas fueron las grabaciones que Villarejo realizó a María Dolores de Cospedal en su época de esplendor en la cúpula del Partido Popular. A pesar que desde el principio las pruebas de la corrupción del Partido Popular, que supuso que los dirigentes del PP cobrasen un sueldo oculto al fisco, han estado a la vista de todos, la maquinaria judicial ha sido muy lenta. Lo suficiente para que el Partido Popular tenga ahora la opción de decir, cuando se le pregunta por el inicio del juicio del caso Kitchen, que los hechos objeto de calificación jurídica por la Audiencia Nacional son cosa del pasado. Para el PP todo es cosa del pasado.

Sin embargo, antes de iniciarse el juicio contra Ábalos y Koldo se decretó su prisión provisional a pesar de que no se les ha encontrado ni dinero, ni inmuebles de lujo, ni facturas de viajes. Las conversaciones grabadas por Koldo García puede que sean reprobables desde un punto de vista ético pero no logran cimentar un caso de corrupción en el sentido clásico. Si en España los jueces se dedicasen de manera exclusiva a procesar a todos los cargos públicos que de una manera más o menos velada han enchufado, en algún momento, desde el inicio de la democracia, a un familiar o persona conocida, tendrían trabajo para varias vidas. Colocar a personas cercanas en un puesto de trabajo en la administración, en caso de que así lo confirme la futura sentencia, es un delito por cuanto se utilizan recursos públicos pero no es algo nuevo en cualquier caso en la historia de la democracia española. Sin embargo, sorprende la dureza penitenciaria con la que ha sido tratado José Luis Ábalos sin que, hasta el momento, hayamos conocido una sola prueba de un supuesto enriquecimiento ilícito.

El caso Kitchen supuso la utilización de los resortes y poderes del Estado para tratar de ocultar la corrupción del Partido Popular cuando el escándalo de Gürtel hizo saltar por los aires la credibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Se contrató a un falso cura para que asaltara la vivienda de Luis Bárcenas, se pagaron 48.000 euros de dinero público al chófer de los Bárcenas para que los espiase e informase al Ministerio del Interior, policías nacionales robaron material personal de Luis Bárcenas. Desde el Ministerio del Interior se espió a partidos políticos y se trató de imputar delitos a dirigentes de esos partidos, y todo ello pagado con dinero público.

Por tanto, que hayan coincidido en el tiempo la celebración de ambos juicios ha venido bien al Partido Popular y a los negadores del sistema político español por cuanto tratan de colocar la gravedad de ambos casos en un mismo nivel, pero la peligrosidad que colocó a España la creación de la policía patriótica y a Cospedal azuzando a Villarejo contra la familia de Luis Bárcenas es, con mucho, lo peor que le ha pasado a la democracia española.

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