Artilleros de la Armada de los Estados Unidos preparan bombas para un caza F/A-18E Super Hornet del Escuadrón de Cazas de Ataque 31. / Europa Press/Contacto/Navy Handout/U.S. Navy

¿Cabe calificar a Donald y Benjamin de excelentísimos matones y criminales? Cabe. Son excelentísimos, pues uno es presidente de los Estados Unidos y el otro jefe del gobierno sionista de Israel; son matones, porque tratan de imponer su voluntad mediante la amenaza y el uso prohibido de la fuerza; son criminales, porque sus actos abarcan una amplia gama de la más grave criminalidad internacional, de la agresión al genocidio.

Los sucesos en Gaza, Cisjordania, Irán o Líbano, protagonizados por Estados Unidos e Israel, repelen legal y moralmente. Para ellos, la fuerza bruta al servicio de sus espurios intereses es la única y exclusiva ley rectora de las relaciones internacionales del nuevo tiempo. Negociar, una cortina de humo. Introducir coartadas (geo)políticas para eximir la condena que merecen, o atenuarla, revela la confusión que reina entre quienes tratan de sorber y soplar al mismo tiempo. En Europa, algunos son egregios felpudos a los pies de los democráticos señores de la guerra. Otros se hacen los lelos. Resulta excepcional la voz que llama crimen al crimen entre los que dicen representar a los ciudadanos.

Así las cosas, el pasado 11 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, justamente criticado por la frecuente omisión de sus deberes donde más necesario sería observarlos, adoptó una resolución (la 2817) sobre la situación en Oriente Medio. ¿Acaso el anhelado multilateralismo, la esquiva institucionalidad, habían logrado burlar, siquiera por un momento, el privilegio del veto que permite a los miembros permanentes del Consejo impedir la aprobación de cualquier proyecto de resolución que incomode sus intereses?

Abandone el lector toda esperanza. El Consejo examina la situación con anteojeras. Acuden a él los países árabes del Golfo, víctimas de los cohetes y drones de Irán, solicitando su condena y el cese inmediato de operaciones. Inquietan también los riesgos de la navegación en el estrecho de Ormuz, vital para el comercio internacional y la economía global. El Consejo accede a todas sus peticiones. Los ataques iraníes son una infracción del derecho internacional; cualquier acción para interferir el tráfico en el estrecho de Ormuz (y en el de Bab-Al-Mandab) es una seria amenaza a la paz y seguridad internacionales. Los países árabes del Golfo ejercen un derecho de legítima defensa, individual y colectiva.

El discurso del Consejo sería más respetable si no pasara por alto que los países árabes del Golfo cuentan con bases militares de Estados Unidos que participan en la agresión a Irán; que es Irán la que está ejerciendo su legítima defensa frente a tales ataques, consentidos por tales países que, seguramente, abominan de hostilidades que sólo pueden perjudicarles, pero que tragan; de hecho, habían tratado de mediar entre Irán y -lo que la resolución llama abusivamente- «la comunidad internacional», confundida al parecer con los matones cinco estrellas.

El proyecto de resolución pudo ser vetado por Rusia o por China, que se consideran próximos a Irán; pero no lo fue. A ninguno le convenía enemistarse con las monarquías de la península arábiga. Cabe suponer que Putin, no menos matón y criminal, ha llegado a un acuerdo con su compadre de Washington, que abandona a Ucrania y da luz verde a la exportación de gas y petróleo rusos. En cuanto a Li Ping, arquetipo hoy, quien lo diría, de sentido práctico y sensatez, sigue recibiendo no menos del ochenta por ciento de la producción petrolera de Irán, pero su comercio con Arabia Saudí no duplica, decuplica el que mantiene con el país de los ayatolás.

A pesar de su mala prensa y su infame historial doméstico en materia de derechos humanos, la República islámica de Irán ha tratado de resolver pacíficamente sus diferencias con Estados Unidos desde la fatídica fecha del 4 de noviembre de 1979, en que una turba de «estudiantes», alentados por el imán Jomeini, asaltó la sede de la embajada norteamericana en Teherán, reclamando la extradición del derrocado Sah y manteniendo como rehenes, bajo sevicias, a una cincuentena de agentes diplomáticos y consulares, espías incluidos, durante más de cuatrocientos días. Siendo presidente Jimmy Carter se intentó un rescate mediante una operación de comandos que acabó en un monumental fiasco. Los rehenes fueron liberados el 20 de enero de 1981, recién asumida la presidencia por Ronald Reagan, gracias a acuerdos intermediados por Argelia que implicaron la liberación de los fondos iraníes en Estados Unidos y su renuncia a proseguir acciones judiciales contra Irán, como la emprendida ante la Corte Internacional de Justicia que, el 24 de mayo de 1980, ya se había pronunciado en una célebre sentencia, sobre la violación por Irán de normas fundamentales de derecho diplomático y consular.

Como consecuencia de los acuerdos de Argel se creó un tribunal para ocuparse de las reclamaciones de ciudadanos y sociedades de Estados Unidos contra Irán y viceversa. A lo largo de los años este tribunal ha decidido miles de casos y concedido compensaciones millonarias, satisfechas religiosamente, adecuado adverbio.

Irán judicializó, por otro lado, sus conflictos con Estados Unidos, a quien ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia en cuatro ocasiones. La primera, provocada por el derribo, el 3 de julio de 1988, de un avión comercial iraní, con 290 personas a bordo, por un misil lanzado por el crucero Vincennes; Irán desistió del procedimiento al llegar a un arreglo amistoso. La segunda, por ataques a plataformas petrolíferas iraníes entre octubre de 1987 y abril de 1988, terminó en 2003, considerando la Corte injustificados los ataques, pero sin extraer ninguna consecuencia reparadora de ellos. La tercera, por el bloqueo de activos de Irán en bancos norteamericanos, está pendiente de que la Corte fije la indemnización debida por Estados Unidos. La última, por restricciones comerciales punitivas de la política nuclear iraní y alegado patrocinio de actividades terroristas, sigue su curso, una vez que la Corte ha desestimado todas las excepciones planteadas por la administración norteamericana para evitar que se entre en el fondo del asunto. Ya no habrá más demandas porque Estados Unidos denunció en 2018 el tratado suscrito en 1955, en tiempos del Sah, invocado por Irán para justificar la jurisdicción de la Corte.

Los civilizados se han entregado a la barbarie. Y tienen su público.

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