Antes de hablar de fronteras conviene hablar de los muertos. Más de un centenar de personas han perdido la vida intentando alcanzar Ceuta. Es, probablemente, la mayor tragedia que ha conocido esa frontera. Durante unos días discutiremos sobre seguridad, inmigración, diplomacia o soberanía. Es necesario hacerlo. Pero ninguna de esas conversaciones debería empezar sin reconocer que el precio de esta crisis ha sido insoportablemente alto. Cuando una frontera se convierte en un lugar donde la muerte deja de sorprendernos, el problema ya no es solo migratorio. Es también moral.

Europa no eligió el camino más fácil cuando decidió que sus fronteras serían defendidas por el Derecho antes que por el miedo. Otros pueden responder a una presión migratoria con la lógica desnuda de la fuerza. Europa no. No porque ignore la necesidad de proteger sus fronteras, sino porque sabe que una frontera defendida a cualquier precio acaba por vaciar de sentido aquello que pretende proteger. La verdadera prueba de una democracia no consiste en respetar sus principios cuando todo está en calma, sino cuando la presión invita a abandonarlos. Es precisamente en ese instante cuando una frontera deja de ser un límite geográfico y se convierte en una frontera moral.

Precisamente por eso, la primera obligación de cualquier Estado democrático es impedir que una tragedia semejante vuelva a repetirse. Y la primera obligación de la Unión Europea es comprender que una frontera española es también una frontera europea.

La crisis de Ceuta ha dejado una enseñanza incómoda. No porque España no fuera capaz de responder. Lo hizo movilizando sus instituciones, reforzando los dispositivos de seguridad, coordinando a todas las administraciones y gestionando, dentro del marco del Derecho español, europeo e internacional, el retorno de la inmensa mayoría de quienes habían entrado irregularmente. La........

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