Como es bien conocido, la Constitución española reconoce en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna pero como principio rector, no como derecho fundamental. En general, ninguna de las constituciones democráticas de los 27 reconocen el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, reclamable ante los tribunales, aunque el asunto merece atención e inspira políticas en la mayoría de los países, y especialmente en Bélgica, Portugal, Italia, Países Bajos, etc. 

En cualquier caso, el problema de la vivienda, muy grave en España, es objeto de inédita atención en Europa: el Plan Europeo de Vivienda Asequible es la primera estrategia integral de la Comisión Europea (impulsada por el primer comisario de Vivienda, Dan Jørgensen), diseñada para abordar la crisis habitacional en todo el continente. Su objetivo central es aumentar la oferta habitacional, añadiendo 650.000 viviendas anuales a los niveles actuales de construcción, para lo que se estima necesaria una inversión de 150.000 millones de euros al año. Se planea adoptar la Ley de Vivienda Asequible (Affordable Housing Act) a finales de 2026 para dar herramientas a los Estados en la delimitación de zonas tensionadas y la regulación del alquiler de corta duración (alquiler........

© HuffPost