En enero de 2024, una ambulancia que trasladaba a una niña en estado crítico fue detenida durante horas en un bloqueo en Villa Tunari. Los manifestantes armados con palos, piedras y “miguelitos” se negaron a permitir su paso. La menor falleció antes de llegar al hospital. No fue un hecho aislado, sino el síntoma de una patología jurídica y social que ha ido arraigándose en Bolivia, la conversión del derecho a protestar en una herramienta de extorsión colectiva. ¿Dónde termina la legítima movilización y dónde comienza la coacción que paraliza a una nación entera?

Protesta legítima, coacción ilegitima

El derecho a protestar no aparece en la Constitución Política del Estado con esa denominación expresa, pero se deriva de los derechos a la libre expresión y a la reunión pacífica CON FINES LÍCITOS (arts. 21.4 y 21.5 CPE). Bolivia, por su historia, ha reconocido en las calles un espacio legítimo de reivindicación cuando las instituciones callan. Pero ese derecho, como todo derecho fundamental, no es absoluto. La propia Constitución traza límites claros: el art. 21.7 protege la libertad de circulación; el art. 18, el derecho a la salud; el art. 46, el derecho al trabajo digno; y el art. 56, el derecho a la propiedad privada. Cuando los bloqueos impiden, durante días, el paso de ambulancias, camiones con alimentos y medicamentos, pacientes oncológicos, adultos mayores o campesinos que transportan su cosecha para sobrevivir, no se ejerce un derecho, se comete una violación sistemática de derechos fundamentales. Y el Estado tiene el deber ineludible, no la opción, de prevenirla y sancionarla.

La protesta que se transforma en bloqueo prolongado pierde su dimensión democrática y asume rasgos de coerción. No es diálogo, es chantaje. Es como si un vecino, en desacuerdo con el alcalde, cerrara la única vía de acceso a su barrio y obligara a todos a pagar el precio de su demanda. La diferencia es que aquí, el “barrio” es el país entero, y los “vecinos” son millones de ciudadanos que no eligieron ser rehenes.

Peor aún, muchos de estos bloqueos no surgen espontáneamente del pueblo, sino que son financiados, logísticamente coordinados y políticamente dirigidos por actores que no buscan justicia social, sino la defenestración de un gobierno legítimamente electo. ¿Por qué? Porque este gobierno ha comenzado a abrir cajas fuertes que antes permanecían selladas, auditorías a proyectos de inversión pública que no tienen utilidad pública, contratos opacos con empresas fantasmas, sobreprecios........

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