La aprobación automática del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE 2025) está generado una fuerte controversia jurídica y social en Bolivia. En la Disposición Adicional Quinta se ha introducido una modificación irregular a la Ley N° 3791 de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), dejando fuera del beneficio a miles de jubilados. Esta medida, aprobada sin un debate parlamentario adecuado e incumpliendo el procedimiento legislativo, infringe principios constitucionales esenciales como el principio de unidad de materia y la temporalidad del presupuesto. Además, de atentar contra derechos fundamentales protegidos por la Constitución, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y otras normas legales vigentes.

Eliminación de la Universalidad de la Renta Dignidad

La Disposición Adicional Quinta del PGE 2025 modifica el Artículo 3 de la Ley N° 3791, restringiendo y discriminando el acceso Universal a la Renta Dignidad. Con esta reforma, solo recibirán el beneficio los adultos mayores de 60 años que no perciban ingresos del Estado o del sector privado, que no sean accionistas de empresas ni reciban la Fracción Complementaria del Tesoro General de la Nación (TGN), excluyendo a aproximadamente 250.000 personas de la tercera edad, según estimaciones de economistas y expertos en seguridad social.

Este cambio representa un retroceso significativo para los derechos humanos, ya que la Renta Dignidad fue creada en 2007 como un DERECHO UNIVERSAL y no contributivo, con el objetivo de garantizar una vejez digna de aquellos ciudadanos que aportaron al desarrollo del país. Ahora, el Gobierno justifica la modificación bajo el argumento de "racionalizar recursos" para beneficiar a los "más vulnerables". Sin embargo, no se afectó los gastos recurrentes como propagandas gubernamentales, entre otros, en la búsqueda de mejorar la imagen del gobierno, a costa de los derechos de las personas de la tercera edad.

Violaciones Constitucionales y Principios........

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