Hay una pregunta que ningún candidato presidencial quiere responder con precisión: ¿cómo van a seleccionar a los jueces? El informe “Perú Justo: Reforma del Sistema de Justicia en los Planes de Gobierno 2026-2031″ (los invito a leer el informe completo, que incluye gráficos y otros temas, aquí), elaborado por la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur, revela que esta omisión no es casual. De 36 organizaciones políticas que compiten en las elecciones de 2026, apenas 9 —el 25%— incluyen propuestas concretas para fortalecer la meritocracia en el sistema de justicia. Tres de cada cuatro partidos simplemente no tienen nada que decir al respecto.

El dato importa porque el sistema de justicia peruano tiene un problema de origen, no de presupuesto. ¿Cómo se premia, promueve o desvincula jueces (y fiscales) en el sistema de justicia peruano? A través de entrevistas y revisiones de muestras del trabajo. Esto es radicalmente distinto a lo que haría una empresa eficiente (o el mercado). En una empresa, los jueces serían evaluados en función a indicadores alineados con los objetivos institucinales; en este caso, celeridad (cuántos expedientes resuelve en un periodo dado) y corrección (cuántas decisiones son anuladas o corregidas por instancias superiores). Además, se cobrarían precios de mercado (no tasas) y diferenciados (p.e. para acudir al juez mejor rankeado o un proceso más rápido) y se incluirían elementos de competencia (p.e. a través de la -libre- elección de jueces).

Esto no es “rocket science”, sino cosas sabidas desde el derecho y la economía por décadas, pero no se han tomado en cuenta en sucesivas reformas del sistema de justicia. El problema de fondo, como señala el informe, es que la reforma judicial peruana lleva tres décadas dando vueltas en círculos. Los reputados expertos que han estado a cargo de la reforma son -casi en su totalidad- abogados (y muy mayores), que hablan en términos de “derechos” y “procedimientos”, pero son ajenos a conceptos económicos como “eficiencia”, “precio” o “competencia”. La reforma, así, ha estado de espaldas a los incentivos económicos necesarios para generar meritocracia. Dado lo anterior, no es de extrañar que a pesar de tantos intentos previos -entre 2021 y 2024- el presupuesto del Poder Judicial haya en términos reales, pero la productividad haya caído. Más dinero, menos sentencias. A su vez, la percepción de corrupción e ineficiencia se mantiene. Ese resultado no es un accidente: es la consecuencia predecible de un sistema que no premia la eficiencia ni castiga el error.

Siendo así las cosas, tampoco es de extrañar que la gran mayoría de los partidos no aborden el tema y -los que lo hacen- hagan propuestas más superficiales o basadas en la misma retórica legal que no lleva a solucionar el problema estructural.

Tanto en el informe citado arriba como en el libro “Justicia en reconstrucción. Caminos para un sistema más confiable” editado internacionalmente por Tirant Lo Blanch junto a la U. Científica (aquí), se propone ir al fondo del problema. La tesis central es que la lentitud y la corrupción judicial no son fallas -solo- morales sino el resultado de un monopolio sin incentivos para funcionar bien. Las reformas deben alterar esa estructura: atar las remuneraciones de los magistrados a indicadores de productividad —volumen de casos resueltos, fallos no anulados por instancias superiores, condenas firmes—, e introducir mecanismos de competencia que rompan ese monopolio, como el fortalecimiento del arbitraje y la posibilidad de pagar por la selección de jueces o trámites preferidos.

La meritocracia en en el sistema de justicia es uno de los temas más relevantes de la agenda pública, en la medida en que un sistema de justicia que funciona aumenta la confianza en las instituciones, lo que a su vez impacta en la inversión y la eficiencia, reduciendo la pobreza y mejorando nuestra calidad de vida como ciudadanos, en general. Si bien no es un tema “sexy” para muchos candidatos, sí es un tema central, que debería de ser abordado más allá del Derecho (donde ha estado tradicionalmente inserto), con un enfoque económico y de gestión.

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