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Hubo un tiempo, no hace tanto, allá por marzo de 2022, en el que Feijóo dejó fuera de su agenda la investidura de Mañueco. Se ... dijo entonces que era por no coincidir con Abascal. La oposición lo interpretó como la «vergüenza» que le suponía el pacto con Vox. El PP atribuyó ese comportamiento, poco habitual, a problemas de agenda: Feijóo tenía cita con sindicatos y patronal. Tampoco acudió Juanma Moreno: las elecciones andaluzas fueron dos meses después.

Lo que era algo extraordinario, lo del pacto Mañueco-Vox, ahora es habitual. Lo que antes se veía de aquella manera en el PP, ahora se ve ajustado a la normalidad. Si el protagonista hubiera sido Pedro Sánchez y no Mañueco, su relato habría ido de que en ningún momento estuvo solo: simplemente fue el primero en ver que pactar era el único camino.

Hace un tiempo, no mucho, que, como candidata del PP a la Presidencia de la Junta en Extremadura, María Guardiola dijo aquello de que no podía dejar entrar en el Gobierno a quienes deshumanizan inmigrantes. El pacto que ha firmado con Vox ahora, con el PP con su mejor resultado de la historia en Extremadura, recoge que esa comunidad dará prioridad a los ciudadanos nacionales en el acceso a ayudas sociales y en materia de vivienda. El pacto del PP y Vox en Castilla y León, en 2022, recogió, por ejemplo, la integración cultural de los migrantes.

Hace un tiempo, tampoco mucho, el pasado febrero, Génova elaboró un documento marco con diez puntos para negociar con Vox y evitar lo que denominó «chantaje político». Entre las líneas rojas o principios irrenunciables, el PP situaba la defensa de la igualdad entre ciudadanos. Ahora el pacto PP-Vox, bendecido por Génova, incluye un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, con exigencia de arraigo real: un mínimo de 10 años para la compra y de 5 para el alquiler. El documento de Génova incluía respeto a la legalidad en los pactos y ahora está muy en duda que lo acordado supere los tribunales. Es la propia Ayuso quien cuestiona la legalidad de lo incluido: Madrid tiene casi un 17 % de población extranjera y elecciones muy a la vista, en 2027. El Gobierno central, con su política de «efecto llamada», sin planificación ni interés por un pacto de Estado; «paguitas»; y ahora la chapuza con la regularización de inmigrantes, contribuye a eternizar el discurso de Vox. Aunque no tenga ningún sentido proponer el «castigo» en ayudas al inmigrante que trabaja y la prioridad para los de ocho apellidos españoles, aunque contribuyan menos con España. Al PSOE le beneficia este ruido.

En cuanto a los «sillones», Vox no ha cambiado su estrategia en relación con la que siguió en Castilla y León. Sigue igual: elegir consejerías clave en el ideario de los de Abascal (gestión de inmigración y Agricultura, por el 'Pacto Verde'); y apostar por el cumplimiento de su programa, aunque sepa que es irrealizable. No tiene la culpa si luego los tribunales no son receptivos. Le ocurrió, por ejemplo, con la tuberculosis bovina. Era un quiero, pero no me dejan. Era un tener contento al votante con reivindicaciones, sin apenas fruto. En Extremadura, el pacto es bueno para Vox porque le deja consejerías que admiten «palabrería» y le alejan de las problemáticas. Dentro de la de Medio Ambiente, no gestionará, por ejemplo, incendios.

Hace no tanto que Guardiola hablaba mal, muy mal de Vox. Mañueco no ha hablado mal de Vox porque, a diferencia de otros, sabía que tendría que pactar y llegar a acuerdos. Y por eso el pacto no va a ser tan alarmante y fuera de lugar como el de Extremadura... salvo que Génova se empeñe en liderar la negociación.

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