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Lo seguí con los ojos mientras él recorría una y otra vez las terrazas de la Plaza Mayor, tratando de vender unas flores que, según ... se rumoreaba, robaba en el cementerio. Era un chaval enjuto, apenas aseado, y un profundo sufrimiento parecía asomarse a través de las cuencas hundidas de sus ojos. Conmovida, me dispuse a comprar alguno de aquellos claveles, que languidecían en sus manos, pero alguien a mi lado me previno: cada peseta que recibiese iba a gastarla en drogas. Finalizaba la década de los ochenta, arrasaba entre la juventud aquella pandemia no declarada y esa fue la primera vez que escuché la palabra «drogas», mi primer acercamiento intuitivo al concepto de la drogadicción. No era más que una adolescente, incapaz de abarcar el abismo de dolor, crueldad y deshumanización de cada una de sus víctimas, pero sí alcancé a percibir la distancia, por no decir abiertamente hipocresía, con la que alrededor se miraba hacia ese padecimiento: se juzgaba al drogadicto y se ignoraba a quienes se lucraban de su debilidad.

La indiferencia con la que aceptamos que miles de personas —jóvenes, adultos, familias enteras— se hundan en un pozo que no cavaron solos, la facilidad con la que observamos a los adictos como daños colaterales del negocio que mueve miles de millones, se alimenta de la vulnerabilidad y se sostiene sobre la desesperación, nos hace cómplices de esa lógica implacable, que convierte a cada persona atrapada en la dependencia en una pieza prescindible de la maquinaria del lucro. El INE calcula en España una facturación de 14.000 millones al año, el 0,5% del PIB, pero las estimaciones basadas en incautaciones llegan a los 50.000 millones al año, bastante más realistas. Y tras las cifras queda un silencio incómodo: ese beneficio sale de vidas rotas, familias desgarradas, barrios desangrados, ignora la soledad de quienes nunca recibieron una mano a tiempo, la fragilidad de quienes fueron presa fácil de un mercado que no conoce la palabra compasión. Y lo peor es hablar de «ellos» como si fueran un grupo aparte, una categoría social ajena, cuando lo que son es el síntoma de nuestra propia incapacidad.

Por eso me alegro de que Castilla y León vaya a reconocer esta semana la labor de Proyecto Hombre. Es, en cierto modo, un acto de justicia. Un quitarse el sombrero ante quienes llevan décadas enfrentándose a lo que el resto preferimos no ver. Acompañando, sosteniendo, reconstruyendo. Quizá, siguiendo su ejemplo, dejemos de hablar de «drogadictos» para hablar simplemente de personas que sufren, luchan, tropiezan y se levantan. Personas que merecen una segunda oportunidad, y una tercera, y todas las que hagan falta. Personas que no deberían ser nunca el precio a pagar por el enriquecimiento ilícito de unos pocos, ya sean las drogas, el juego, la pornografía o el tabaco, del que obscenamente se beneficia el Estado.

Y no basta con aplaudir a quienes trabajan en primera línea. Hay que dotarles de recursos, estabilidad y visibilidad. Ahí radica la importancia de la Fundación Alcándara y el apoyo de todos sus donantes, que sostienen Proyecto Hombre. Sin ellos no sería posible una labor que no es caritativa ni asistencial, sino transformadora. Cada persona que sale del infierno de la adicción es una prueba de humanidad y cada una que lo intenta es un factor de esperanza. Y Salamanca, por la responsabilidad extendida que nace de la presencia de nuestra Universidad, por ser una ciudad en la que la juventud juega un papel de mucho más peso, debe asumir también su especial rol educativo: abandonar esa despiadada perspectiva que ve a los jóvenes estudiantes como activos a explotar y entender que en cada uno de ellos hay un proyecto hombre.

Pongámonos en la piel de las víctimas porque adictos, al fin y al cabo, a menor o mayor escala, lo somos casi todos. Sin ánimo de frivolizar, mi última adicción confesable son los mantecados nevaditos. Hace ya varias cajas que debí dejarlos, pero llega la hora del café y caigo de nuevo.

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