Nuestra Carta Fundamental establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional: El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. En el Estado constitucional contemporáneo, la administración de justicia no se agota en la resolución de conflictos, sino que se proyecta como un sistema orientado........

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