Confieso que esta semana tenía otro tema en la bandeja, el llamado “inicio anticipado” en los megaproyectos de infraestructura, esa figura que tantas tensiones genera entre urgencia política, estructuración contractual y adecuada asignación de riesgos. Pero la deflagración en el sistema de gas de Camisea ocurrida en Cusco en estos días, me obliga a cambiar el foco. Lo otro puede esperar una semana. Esto no. Porque cuando el gas se interrumpe, el país entero lo siente. No estamos hablando solo de una incidencia técnica en un ducto, sino de la columna vertebral de nuestra matriz energética. Más del 40% de la electricidad que consumimos depende del gas natural. Miles de vehículos funcionan con GNV bajo la premisa de que es un combustible económico y relativamente estable. Dado que industrias completas han estructurado sus costos sobre esa base, el gas se convirtió en infraestructura crítica. Con esta falla, aunque sea temporal, se ha activado una cadena de efectos que va mucho más allá del punto del incidente. Se encarece la generación eléctrica. Se tensiona el transporte urbano. Se alteran costos industriales. Surge la incertidumbre. Por supuesto, corresponderá a Osinergmin determinar causas y responsabilidades técnicas, pero ese es el plano regulatorio. El plano que me interesa hoy es el de la política pública. ¿Hemos construido un equilibrio razonable entre exportación, seguridad de suministro y desarrollo interno? Durante años celebramos, y con razón, los ingresos fiscales, las regalías y el posicionamiento internacional que el gas nos ha permitido alcanzar. El proyecto Camisea cambió la historia energética del Perú, redujo costos eléctricos, mejoró competitividad y dinamizó regiones. Nada de eso debe minimizarse. Pero la seguridad energética es un bien público estratégico. Cuando el suministro interno se ve comprometido, aunque sea por días, los costos económicos potenciales pueden ser muy superiores a los beneficios fiscales de corto plazo derivados de la exportación. No se trata de oponerse a exportar gas. Se trata de ordenar prioridades. Primero, necesitamos una política clara de “cobertura doméstica garantizada”. Las exportaciones deberían estar condicionadas a un umbral técnico de reservas y capacidad operativa que asegure abastecimiento interno, incluso bajo escenarios de estrés, para manejar de manera prudente el riesgo. Segundo, debemos invertir en resiliencia. Un sistema excesivamente concentrado en un ducto o en nodos críticos sin redundancia es vulnerable. Infraestructura complementaria, almacenamiento estratégico y planes de contingencia reales —no solo formales— son parte de una arquitectura energética moderna. Tercero, diversificar. Esto no es un lujo, sino una necesidad económica. Mientras más dependamos del gas como eje casi exclusivo de nuestra generación eléctrica, mayor será el impacto macroeconómico ante cualquier interrupción. Impulsar renovables firmes con almacenamiento no es una agenda ambiental romántica; es una estrategia de estabilidad macro. Hay además un elemento social que no puede ignorarse. El GNV permitió que miles de transportistas reduzcan costos y que el transporte sea más accesible. Cuando el suministro se restringe, ese equilibrio se altera rápidamente. La transición hacia combustibles más limpios debe estar acompañada de mecanismos que amortigüen shocks temporales sin distorsionar incentivos de largo plazo. Esta semana, el gas nos recordó algo esencial: la infraestructura no es solo concreto y acero. La discusión sobre el “inicio anticipado” en megaproyectos la retomaré la próxima semana. Porque, en el fondo, ambos temas están conectados: estructurar bien, asignar riesgos correctamente y planificar con visión de largo plazo no es una formalidad técnica. Es lo que evita que la urgencia de hoy se convierta en la vulnerabilidad de mañana.

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