A veces, las decisiones más difíciles no son las que se toman en silencio, sino aquellas que obligan a explicarse ante todos. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la reciente resolución del contrato entre Provías Nacional y PMO Vías, empresa vinculada al grupo internacional EGIS. Más allá de los documentos legales y los comunicados oficiales, estamos frente a un hecho que interpela directamente a la ciudadanía: ¿qué pesa más cuando el Estado contrata, la continuidad de un proyecto o la defensa de la integridad pública?

Desde la posición del Estado, la respuesta ha sido clara. Provías Nacional sostiene que no podía mirar hacia otro lado frente a los antecedentes de corrupción que pesan sobre empresas del grupo EGIS en otros países. Estos antecedentes no son rumores ni notas periodísticas, sino sanciones impuestas por organismos internacionales y el reconocimiento judicial de hechos de corrupción por parte de una de sus filiales en Francia. Para el Estado, el........

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