La guerra en Irán es un shock imparable del sistema económico global. Cada misil en el Golfo Pérsico significa en Lima: combustible más caro, alimentos presionados, expectativas deterioradas. El desorden internacional dejó de tener un conductor. Ni siquiera Estados Unidos, y menos la OTAN, logran fijar una dirección estable. El sistema sigue en movimiento, con fuerza, con tensión, con ruido… y sin timón. Ormuz es la falla sistémica. Más de una quinta parte de los combustibles líquidos del mundo y alrededor de un cuarto del comercio marítimo de crudo pasan por este estrecho. Cuando el flujo se corta, el mercado no ajusta, entra en pánico: sube el precio, el seguro y el flete, y aparece la escasez física. La EIA, Administración de Información Energética de Estados Unidos, lo documentó en noviembre de 2023 y recordó que no hay bypass suficiente para sustituir este cuello. En enero de 2024, el Reino Unido bombardeó a los hutíes por ataques a la navegación en el Mar Rojo. En abril de 2024, tras la destrucción del consulado iraní en Damasco, Irán respondió con drones y misiles contra Israel. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron la Operation Epic Fury, y en marzo el CENTCOM, Comando Central de Estados Unidos, ya reportaba bajas. Reuters advirtió a fines de marzo que el riesgo de un cierre prolongado de Ormuz y de daño a la infraestructura podía disparar el precio del crudo y del gas, mientras el Consejo de Seguridad prepara una resolución para proteger la navegación comercial. Este conflicto no tiene un final claro y ya desborda los límites militares. El riesgo se desplaza hacia las economías que dependen del sistema, no hacia quienes lo disputan. El Perú entra en esa categoría. Su estructura económica absorbe el impacto con rapidez. La refinería de Talara y el gas doméstico ayudan, pero no eliminan la exposición a los precios de crudo importado. Un incremento en el precio del petróleo se traduce en transporte más caro; el transporte empuja los alimentos; los alimentos presionan la inflación; la inflación erosiona la confianza. La cadena es corta y conocida. Luego, se encarecen los fertilizantes, que resienten a la agricultura y el mercado mayorista. Incluso si cambiamos de proveedor, los demás países también lo hacen y China restringe exportaciones, encareciendo el costo de vida y aumentando el riesgo de conflictividad rural y urbana. El Estado buscará comprar tiempo con parches para amortiguar los golpes. Los subsidios, fondos de estabilización y medidas administrativas solo funcionan como un dique temporal. El problema está en que el agua sigue subiendo. La  política monetaria puede enfriar la demanda, aunque el petróleo continúa llegando más caro y los fertilizantes siguen tensionados. El Estado compra tiempo, el riesgo continúa acumulándose. América Latina ya figura en un escenario donde los conflictos entre grandes potencias se proyectan con fuerza sobre la región, generando efectos a pesar de la distancia geográfica. El Perú forma parte de ese tablero y debe anticipar riesgos. Exige coordinación estratégica y decisiones coherentemente alineadas desde el Ejecutivo con el MEF, el BCRP, el Minem y Cancillería. La seguridad energética debe convertirse en política de Estado: diversificación de proveedores, reservas estratégicas de combustibles y fertilizantes, fortalecimiento logístico con diplomacia económica en foros multilaterales y regionales, y una narrativa pública que explique el origen del problema para evitar distorsiones internas. También exige disciplina fiscal. Cada sol destinado a amortiguar el impacto debe responder a una lógica de sostenibilidad. La transparencia y la rendición de cuentas refuerzan la confianza en un entorno donde la incertidumbre externa se combina con la fragilidad interna. La guerra en Ormuz no termina, y sus piedras golpean nuestra economía. Nuestra responsabilidad es escucharla a tiempo y actuar.

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