¡Damos vergüenza! Nuestra capacidad para enfrentar emergencias es lamentable. Basta un Niño que arrase ciudades o la rotura del único tubo de transporte de gas para paralizarnos y poner en riesgo vidas humanas porque los servicios esenciales se vuelven precarios de inmediato. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que, después de mas de dos décadas de explotación del gas de Camisea, el país siga dependiendo de un solo sistema de transporte? El exministro de Energía Arturo Vasquez declaró recientemente (Correo, 8 de marzo del 2026) que la crisis energética que vive hoy el país se hubiera podido evitar si el gobierno de Humala hubiera autorizado la construcción de un ducto paralelo de redundancia de 100 kilómetros. ´La contratista advirtió de los riesgos geotécnicos de tener un solo ducto. No podemos creernos Dios. Hasta las condiciones meteorológicas nos juegan en contra para el traslado de los equipos y la marcha de las reparaciones. Sin embargo, oscuros intereses humalistas incorporaron esta propuesta al GSP que luego se entregó a la nefasta Odebrecht, contrato que posteriormente fue resuelto por incumplimiento, cuando esta empresa no pudo obtener el financiamiento debido al escándalo de corrupción de la operación LavaJato. Pues hoy es más importante el absurdo de salvar a Petroperú que trabajar por la seguridad energética. Algo similar ocurre con la infraestructura destinada a prevenir desastres. ANIN tiene 29 obras esenciales para mitigar los efectos del Niño, paralizadas por falta de presupuesto, mientras el Ejecutivo reparte partidas generosas a algunos gobiernos regionales para asegurar el apoyo político. Hernan Yaipen, jefe de ANIN, fue designado a dedo por Boluarte y ha sobrevivido a cuatro diferentes titulares de la PCM. Su fórmula para permanecer en el cargo parece simple: mediocridad estratégica. Go with the flow, ir con la corriente, no causar stress y pasar desapercibido pero la situación tiene un límite y el país ya lo alcanzó. Para colmo, todavía están pendientes o paralizadas obras de la ARCC que, tras su desaparición en el 2023, quedaron en manos de autoridades regionales y municipales sin capacidad técnica para concluirlas o siquiera mantenerlas. Las defensas ribereñas, por ejemplo, son fundamentales, pero no generan titulares ni fotos de inauguración. Por eso muchos políticos prefieren ejecutar proyectos visibles, cortar cintas y generar aplausos durante su mandato, aunque las obras sirvan para muy poco. Los proyectos inconclusos - más de 2700 según lo determinado por Contraloría – se dañan con mayor facilidad, son más vulnerables al paso del tiempo, clima y abandono. Es dinero público desperdiciado. Hay incompetencia, oportunismo y cálculo político, pero NADIE paga el costo de una obra abandonada, salvo la ciudadanía. El caso de La Libertad es ilustrativo. El gobierno regional lleva más de dieciséis años en manos de Alianza para el Progreso (APP), el bastión político de Acuña. Allí se registran 83 obras públicas paralizadas, entre colegios, hospitales. carreteras y sistemas de agua. Empero, sus electores no parecen penalizar esta situación. El partido ha capturado la estructura de la región y no tiene intenciones de soltar la mamadera. Así se consolida un fenómeno difícil de romper: un clientelismo a prueba de balas, inmune incluso a las de la minería ilegal, la extorsión y otros crímenes que parecen no inquietar a su reyezuelo. Se critica mucho a las autoridades que impulsan las obras al caballazo. Sin embargo, frente a un Estado atrapado en la parálisis burocrática, esta resulta la única forma de romper la inercia del sistema. Los mil procedimientos se vuelven en un interminable laberinto burocrático. Cumplir cada paso al pie de la letra puede significar que la obra nunca se ejecute. No se trata de ignorar la legalidad, pero para un país con un déficit de infraestructura tan clamoroso, tiene que existir un punto de equilibrio. Mejor es pedir perdón que pedir permiso; la prudencia es muy mala compañera, desafortunadamente.

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