Constituye un derecho soberano del gobierno norteamericano, y de cualquier gobierno del mundo, fijar su política migratoria; es decir, determinar quiénes pueden ingresar a su territorio y bajo qué condiciones, potestad extensiva a expulsar a ilegales y a los que cometen actos delictivos.
Trump ha decidido ejercer esa atribución a plenitud, iniciando la repatriación de 11 millones de indocumentados, de los cuales 300 mil son peruanos. Inclusive, anuncia que habilitará 30 mil celdas en la base naval en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para trasladar a los más peligrosos o con antecedentes criminales; medida controversial, pero legítima, siempre y cuando no se violenten los derechos humanos de los detenidos.
En este contexto, ocurrió un bochornoso incidente diplomático provocado irresponsablemente por el beodo mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien, después de autorizar que aterricen dos aviones norteamericanos con deportados de su país, suspendió el permiso cuando las aeronaves estaban en vuelo.
La respuesta de Washington fue anunciar la imposición de 25 % de aranceles a los productos colombianos y 50 % la siguiente semana;........

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