El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirma que Putin ha iniciado la III Guerra Mundial. En ese contexto, recordemos que en la reciente Conferencia sobre Seguridad de Múnich, cinco gobiernos europeos lanzaron un potente misil al corazón del autócrata ruso. Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos determinaron, de modo concluyente, que el líder demócrata ruso Alexéi Navalny murió envenenado a los 47 años mientras se encontraba detenido en la colonia penal del círculo polar ártico. Lo mataron utilizando epibatidina, toxina venenosa extraída de la piel de la rana dardo que habita en algunas zonas de Ecuador y Colombia. Los analistas recordaron que antes, en agosto de 2020, fue intoxicado con el agente neurótico del grupo Novichok cuando se dirigía de Siberia a Moscú, salvando la vida gracias al auxilio de un avión ambulancia proporcionado por una ONG alemana, que lo trasladó en estado comatoso a un hospital de Berlín, donde permaneció rehabilitándose varios meses. Luego del incidente, sus partidarios recomendaron que no retornara a Moscú porque lo matarían. Pero lo hizo para enfrentar a un autócrata que aterroriza a sus compatriotas y pone en riesgo la paz mundial, como hace atacando despiadadamente a Ucrania. Al llegar fue arrestado y sentenciado a 19 años de prisión en un establecimiento de máxima seguridad, donde fue sistemáticamente torturado y recluido 100 días en una celda de castigo. Sus vigilantes lo obligaban a pasear sin camisa por la periferia del recinto, en una zona con temperaturas bajo cero, hasta que falleció. Se pensó entonces que la muerte fue por las bajas temperaturas a que estuvo expuesto, pero las investigaciones divulgadas por las autoridades europeas, después de que cinco laboratorios examinaron restos de su cuerpo, extraídos clandestinamente, demuestran que se trató de un homicidio. No es extraño que suceda, porque la ruta política de Putin está abonada con la sangre de compatriotas. En 2002, Vladímir Golovliov, diputado de la Duma, es ultimado de un balazo en la nuca. Ana Politkóvskaya, periodista opositora a la guerra con Chechenia, primero fue envenenada, pero sobrevivió y terminó acribillada en la puerta del ascensor de su edificio, crimen investigado por el exespía Alexander Litvinenko, a quien ultimaron empleando polonio 210. En 2009, los promotores de derechos humanos Stanislav Markelov y Anastasia Baburova murieron a balazos, y ese mismo año la activista Natalia Estemírova es secuestrada y muerta. En 2013, el periodista Mijaíl Bekétov padeció salvajes torturas y falleció; en 2015, Boris Nemtsov, ex primer ministro de Yeltsin, resultó abatido a tiros en una calle de la capital y su aliado político, Vladímir Kara-Murzá, envenenado. Con esos antecedentes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que “el Kremlin actúa desde hace mucho tiempo como un Estado terrorista: envenenando a opositores políticos, silenciando periodistas e invadiendo a vecinos pacíficos”.

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