La infame absolución de los acusados por el asesinato de 24 policías en Bagua vuelve a abrir una herida que el país jamás ha cerrado. No porque la justicia no deba absolver cuando no existen pruebas suficientes, sino porque este caso —como tantos otros en el Perú— revela un patrón más profundo: un Estado que improvisa, que abandona y luego pretende que la responsabilidad del asesinato de seres humanos se diluya en el aire.
El “Baguazo” no fue un simple accidente ni un estallido espontáneo. Fue la consecuencia de decisiones políticas tomadas sin diálogo, sin comprensión del territorio y sin respeto por las comunidades amazónicas. Y fue, asimismo, el resultado de un comando policial enviado a una operación sin información adecuada, sin respaldo logístico y sin un plan que priorizara la vida. Los 24 policías asesinados no murieron por fatalidad: fallecieron porque el Estado los expuso temerariamente.
Hoy, más de quince años después, el Poder Judicial concluye que “no hay........

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