Mientras el conflicto internacional en Medio Oriente mantiene en vilo al mundo y dispara los precios globales de los combustibles, países como el Perú deberían haber tomado decisiones urgentes, técnicas y responsables para mitigar el impacto sobre su población. Pero aquí, en esta república exhausta, lo que tenemos es un “gobierno” de paso, encabezado por un presidente efímero, incapaz de comprender la magnitud del momento y atrapado —según la realidad— en la parálisis de su propia inutilidad. A días de unas elecciones de vértigo, el país enfrenta una tormenta económica sin timón, sin brújula y sin capitán. El error más grave del presidente José María Balcázar ha sido —y continúa siendo— no haber activado de inmediato el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Una herramienta diseñada justamente para amortiguar choques externos, que pudo haber reducido las presiones inflacionarias y evitar el golpe directo al bolsillo de los hogares más vulnerables. ¡Pero no lo hizo! Y ahora el precio de los combustibles sigue escalando sin control, arrastrando consigo el costo de vida (transporte, alimentos y, consecuentemente, la frágil estabilidad económica de millones de peruanos). Es evidente que Balcázar encarna la desconexión más categórica entre el poder y la realidad. Hablamos de un mandatario circunstancial, sin preparación, sin visión y sin comprensión del encargo que recibió. Un presidente que, lejos de ofrecer soluciones, profundiza la sensación de abandono en un país que ya no soporta más improvisación. Y lo más preocupante: un país que enfrenta una elección crucial bajo la sombra de un gobierno que no gobierna. Pero el problema —según este escriba— no empieza ni tampoco termina con Balcázar. Es la consecuencia de una década en la que la izquierda  política, desde aquel cuestionado ascenso de Ollanta Humala en 2011, ha mantenido una influencia determinante en el Estado, con resultados que sus detractores calificamos como devastadores: corrupción, caos institucional, resentimiento social, inseguridad ciudadana y crisis económica. A ello se suma una desconfianza permanente en el sistema electoral, retroalimentada por cuestionamientos a decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la ONPE durante procesos anteriores. En este contexto, la permanencia de Balcázar hasta el 28 de julio —defendida por un sector del Congreso, sobre cuyo interés real muchos sospechamos— se convierte en un riesgo adicional. Hablamos de cuatro meses más de desgaste sociopolítico, económico e institucional que podrían resultar, según esta perspectiva, simplemente devastadores para una República ya debilitada. El país no puede permitirse seguir navegando sin rumbo, mientras el costo de vida se dispara, la incertidumbre se multiplica y la confianza pública se desmorona. Nuestra ciudadanía exige claridad, responsabilidad y liderazgo. Y exige, sobre todo, que el proceso electoral que se avecina no sea manipulado, distorsionado ni condicionado por intereses que nada tienen que ver con el bienestar nacional. El Perú está advertido. ¡Y está cansado! Lo que ocurra en las próximas semanas definirá no solo un gobierno, sino el destino de una nación que ya no tiene margen para otro error histórico.

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