La crisis energética que paraliza nuestro país no es un accidente; tampoco un hecho fortuito. Es consecuencia directa de infames decisiones políticas adoptadas hace década y media, cuando el régimen socialista, prochavista de Ollanta Humala desmanteló el esquema de ampliación del sistema de transporte de gas natural, que dejara encaminado la administración de Alan García. Aquel desvío de rumbo —cediendo dicho proyecto al consorcio integrado por Graña y Montero con Odebrecht— eliminó la construcción del ducto alternativo —llamado de “redundancia”—, pieza clave para garantizar la seguridad energética del Perú. Hoy pagamos el precio de semejante trampa. La emergencia estalló el 1 de marzo, cuando una fuga y posterior deflagración en el kilómetro 43 del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni, Cusco, cesó de cuajo el suministro de gas natural y líquidos asociados. El impacto fue brutal: racionamiento, industrias paralizadas, transporte público/privado afectados, precios de la electricidad disparados por encima de los 200 US$/MWh en el mercado mayorista. Asimismo, más de 300 mil vehículos —que operan con GNV— han quedado sin abastecimiento, obligando a ciertos conductores a migrar temporalmente a gasolina, con sobrecostos imposibles de asumir para quienes viven del día a día; y a otros, sencillamente, dejar de operar sus vehículos. La raíz del problema no estriba allí, sino en la falta de un sistema alternativo que debió construirse hace años. El contrato original del transporte de gas exigía un diseño con capacidad de respaldo y redundancia, para evitar que una rotura paralizara el país. Esto consistía en un ducto paralelo que debía llegar hasta Kepashiato, en la zona más crítica de la selva. Sin embargo, esa iniciativa fue sustituida —por el gobierno de Humala— por una vulgar planta compresora, dejando así al Perú dependiendo de un solo tubo para abastecer Lima y casi la mitad de su generación eléctrica. La decisión no fue solo técnicamente irresponsable: estuvo rodeada de cambios contractuales de último minuto, con participación de aquellas empresas involucradas en el mayor affaire de corrupción de América Latina (Graña, Odebrecht, etc.). Ahora, la eliminación del ducto alternativo vuelve a la agenda pública como símbolo de la vil gestión humalista, que capturara el poder para medrar, comprometiendo delincuencialmente la seguridad energética del país. El resultado es manifiesto. Más de 8 millones de hogares enfrentan riesgo de alzas en el precio del balón de gas, por obligada reducción de la producción de GLP que depende —en un 70 %— del gas de Camisea. Industrias, comercios y servicios esenciales operan al mínimo. Y el país pierde millones de dólares diarios sustituyendo gas por diésel, cinco veces más caro. ¡No podemos seguir dependiendo de un sistema energético frágil, vulnerable, sin respaldo! La crisis debe ser un punto de inflexión para construir la infraestructura pendiente, revisar políticas y contratos, castigar carcelaria, pecuniaria y políticamente a Humala, Graña y demás corruptos culpables, y garantizar que jamás nuestra nación vuelva a depender de una tubería. ¡Las decisiones públicas deben tomarse pensando en el interés nacional, no en el de particulares!

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