Por décadas, la economía peruana vivió atrapada en un péndulo que oscilaba entre periodos de estabilidad y episodios de crisis severas. Este movimiento pendular se detuvo con el cambio de modelo económico consagrado en la Constitución de 1993. Durante varios años, ese marco permitió una disciplina fiscal inédita y una reducción sostenida de la deuda pública, lo que llevó a pensar que el país había dejado atrás la vieja maldición de los ciclos de péndulo macroeconómico.

Sin embargo, a pesar del apropiado manejo de la  política monetaria por parte del BCRP, la política fiscal de los últimos gobiernos ha vuelto a tensar las cuentas públicas y ha reactivado fuerzas que creíamos superadas. Desde hace muchos años esta columna ha venido alertando sobre la política fiscal errada de los últimos gobiernos. El camino ascendente de la deuda pública a partir de 2016 fue la clarinada de alerta que fue ignorada por sucesivos gobiernos con el argumento de que el nivel de nuestra deuda era muy baja.

Advertencia del Consejo Fiscal

Hoy, las advertencias del Consejo Fiscal y los datos recientes sobre la evolución de la deuda muestran que el péndulo ha empezado a moverse nuevamente en la dirección equivocada. El deterioro fiscal reciente, alimentado por decisiones legislativas que incrementan el gasto permanente sin financiamiento, amenaza con reactivar un ciclo que el Perú conoce demasiado bien: déficits crecientes, endeudamiento acelerado, presiones inflacionarias y, finalmente, recesión.

Las señales de alerta no provienen de la especulación política o de un analista económico aislado, sino de un órgano técnico cuya función es precisamente advertir sobre riesgos macroeconómicos. El Consejo Fiscal ha expresado su “profunda preocupación por la continua aprobación de leyes que comprometen la sostenibilidad fiscal, incrementando significativamente las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo”. En apenas tres sesiones del pleno del Congreso se aprobaron once normas que generan obligaciones permanentes de gasto. Entre ellas destacan la nivelación de pensiones de maestros, la modificación del régimen pensionario militar y policial y la concesión de gratificaciones y CTS a trabajadores CAS.

El costo anual mínimo de estas medidas asciende a S/ 11.4 mil millones, equivalente a 1% del PBI de 2025. Si se incorporan otras leyes aprobadas en los últimos meses, el impacto podría llegar a S/ 15 mil millones, es decir, alrededor de 1.35% del PBI. En un país cuya recaudación tributaria ronda el 14% del PBI, estos porcentajes no son menores: representan presiones permanentes sobre un presupuesto ya tensionado. A ello hay que sumar los crecientes fondos públicos asignados a Petroperú sin mediar un plan viable de........

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