En los últimos días, una escena ha captado la atención pública: la esposa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski increpando al fiscal José Domingo Pérez, en medio de una acusación particularmente sensible que involucra a animales. Más allá de la veracidad o no de dicha afirmación —aspecto que corresponde esclarecer por las vías institucionales—, el episodio plantea una reflexión necesaria sobre el ejercicio del poder en el sistema de justicia. Un fiscal no es un actor político ni un vocero emocional. Es un operador jurídico cuya principal herramienta debe ser la objetividad. Sin embargo, cuando determinadas actuaciones comienzan a percibirse como guiadas por una carga emocional intensa o una exposición mediática constante, surge una preocupación legítima: ¿dónde termina la convicción y dónde empieza el desborde? En el ámbito penal, la emoción no puede reemplazar la prueba. La indignación no puede sustituir la objetividad. Y la presión mediática no puede convertirse en criterio de actuación. Esto adquiere una dimensión aún más delicada cuando se incorporan temas vinculados a animales, los cuales, en el Perú, suelen ser tratados desde la sensibilidad antes que desde la estructura jurídica. Se genera así un doble riesgo: trivializar la problemática animal o instrumentalizarla dentro de conflictos de mayor escala. Ni lo uno ni lo otro contribuye a la justicia. Los animales no pueden seguir siendo utilizados como elementos colaterales dentro de disputas humanas, ni tampoco como herramientas discursivas que aparecen y desaparecen según la coyuntura. Su protección exige un tratamiento serio, técnico y constante, no episódico ni reactivo. Por otro lado, es fundamental recordar que quienes ejercen funciones dentro del sistema de justicia deben mantener una conducta acorde a la responsabilidad de su cargo. La legitimidad de sus decisiones no solo depende de su contenido jurídico, sino también de la percepción de imparcialidad que proyectan. Cuando esa percepción se ve afectada, el sistema entero se debilita. No se trata de cuestionar personas, sino de reafirmar principios. La justicia no puede operar desde la emoción, porque cuando lo hace, pierde su esencia. Y en medio de ese escenario, los animales —una vez más— quedan relegados a un segundo plano. En un escenario donde nuevos actores comienzan a posicionarse en la política nacional, resulta indispensable que estas prácticas no se repitan. La justicia no puede volver a confundirse con protagonismos ni con cargas emocionales que desdibujen su función. Y, sobre todo, los animales no pueden seguir siendo invisibilizados o instrumentalizados dentro del debate público, más aún cuando hoy están completamente ausentes en las agendas y propuestas que se vienen discutiendo en el país.

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