Cuando un proceso electoral acumula irregularidades, la duda es inevitable. Pero cuando esas irregularidades se convierten en ilegalidades manifiestas y reiteradas, la duda deja de ser  política y se convierte en jurídica. Hoy no estamos ante simples errores administrativos: estamos frente a un patrón de ilegalidades que compromete la legitimidad misma de las elecciones generales. El punto de quiebre no está solo en lo ocurrido durante la jornada electoral, sino en la conducta de las instituciones encargadas de garantizar su transparencia. Primero, la actuación de la ONPE, que, lejos de ceñirse estrictamente a la ley, incurrió en ilegalidades que alteraron las reglas del proceso en pleno desarrollo. Luego, y más grave aún, la actuación del JNE, que, en lugar de........

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