Cuando hablamos de Agenda Social, hablamos de presencia eficaz del Estado en la vida cotidiana de los peruanos. No se trata solo de programas o transferencias, sino de instituciones que permitan que esa política llegue efectivamente a cada rincón del país. En ese diseño estratégico, el Banco de la Nación cumple un rol central que no puede ser debilitado ni relativizado. El Banco de la Nación no es simplemente una entidad financiera pública. Es una herramienta estratégica del Estado para garantizar inclusión, cohesión territorial y acceso equitativo a servicios financieros en todo el territorio nacional. En un Perú marcado por profundas brechas sociales, económicas y geográficas, su función no es complementaria: es estructural. Desde el APRA sostenemos una posición clara: fortalecer y modernizar el Banco de la Nación como eje de inclusión financiera y soporte operativo de la política social del Estado. Mientras la banca privada actúa bajo criterios de rentabilidad —lo cual es legítimo dentro de su naturaleza empresarial—, el Banco de la Nación tiene un mandato distinto. Debe llegar donde el mercado no llega. Su presencia en zonas rurales, altoandinas y amazónicas permite que millones de peruanos accedan al cobro de pensiones, sueldos, bonos sociales y programas estatales sin asumir sobrecostos o recorrer largas distancias. Esto no es asistencialismo; es equidad territorial. Es cohesión nacional. La inclusión financiera es una política pública de desarrollo. Para miles de adultos mayores, pequeños productores, comerciantes, trabajadores informales y comunidades alejadas, el Banco de la Nación ha sido la puerta de entrada al sistema financiero formal. Abrir una cuenta, acceder a servicios básicos, recibir pagos digitales o participar en programas productivos no solo tiene impacto económico: fortalece la formalización, promueve la transparencia y consolida la ciudadanía. Además, el Banco de la Nación es la columna vertebral operativa del Estado. La ejecución de programas sociales, transferencias directas, pagos a servidores públicos y respuestas ante emergencias nacionales dependen de su capacidad logística y tecnológica. Sin esa infraestructura pública, la política social sería simplemente un anuncio sin mecanismo de ejecución. Nuestra propuesta no es inmovilista. No defendemos burocracia ni ineficiencia. Defendemos una empresa pública moderna, con gobernanza profesional, metas de desempeño y gestión técnica. El Banco de la Nación debe profundizar su transformación digital, ampliar servicios financieros para microproductores, fortalecer la interoperabilidad tecnológica y consolidar estándares de transparencia y control. También debe articularse con una política de crédito popular y productivo que permita a pequeños emprendedores acceder a financiamiento con garantías estatales, generando inclusión económica real. El Banco de la Nación no compite con la banca privada; cumple una función que el mercado, por definición, no asume en zonas de baja rentabilidad. Y esa complementariedad es la que garantiza equilibrio territorial. Defender al Banco de la Nación —ahora que la desmesura de sectores de derecha habla de privatizarlo— es defender una presencia eficiente del Estado en todo el territorio. Es afirmar que ningún peruano, viva donde viva, debe quedar fuera del sistema. Es sostener que la inclusión no es un discurso, sino una política pública concreta y ejecutable. Esa es la Agenda Social que proponemos para el quinquenio que se avecina: una agenda que coloca al Estado al servicio del pueblo y no al margen de sus necesidades. Porque el desarrollo no puede edificarse sobre exclusiones ni sobre la lógica pura del mercado. En ella, el Banco de la Nación no es un gasto ni una concesión administrativa: es una expresión concreta del Estado social y democrático que defendemos, una herramienta de justicia económica y cohesión nacional.

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