La Cámara de Diputados tiene ante sí una responsabilidad que no admite más dilaciones: resolver el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. El plazo reglamentario de 15 días ya culminó y la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, continúa sin presentar el dictamen definitivo que permita al Parlamento adoptar una decisión. No se trata de un asunto menor ni de una disputa política que pueda prolongarse indefinidamente. El Ejecutivo solicita facultades para legislar durante 120 días en materias vinculadas con seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa y otras áreas. Pero, por encima de todas ellas, existen dos asuntos que demandan especial urgencia: la lucha contra la criminalidad y la prevención frente al fenómeno El Niño. Son problemas que golpean directamente a millones de peruanos y, especialmente, a los más vulnerables. Distintas bancadas han expresado reparos a la amplitud del pedido y han solicitado que determinadas materias sean delimitadas. Ese debate es legítimo. El Congreso tiene no solo el derecho, sino la obligación constitucional de examinar rigurosamente cualquier delegación de facultades. Lo que resulta cuestionable es que ese control termine convirtiéndose en demora cuando existen materias cuya urgencia difícilmente puede........

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