Por años, el Perú ha convivido con un debate constante sobre la delgada línea que separa los aportes de campaña de los delitos financieros, en especial cuando se trata de figuras políticas de alta exposición. El reciente fallo del Poder Judicial que condena a 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos reabre una discusión jurídica y política que, lejos de cerrarse, plantea nuevas preguntas: ¿hubo realmente lavado de activos?, ¿se ha cumplido el estándar probatorio necesario?, ¿era razonable presumir la ilicitud del dinero recibido?

Primero, conviene recordar qué es el lavado de activos. Según el marco legal peruano, este delito se configura cuando alguien convierte, transfiere u oculta dinero cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con el objetivo de evitar su identificación, incautación o decomiso. La Ley N.º 30077 y el Código Penal son claros: no basta con recibir dinero de manera irregular, sino que debe........

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