Seis ministros y una sentencia: así se fabrica un Estado policial

Una Corte que no cuida a los ciudadanos

El 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que debería alarmar a cualquier ciudadano, tenga o no dinero en el banco.

El Pleno del máximo tribunal avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial ni solicitud de autoridad extranjera, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y declarar la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Seis votos —de ministros elegidos en una elección popular donde la abstención fue la verdadera ganadora— contra tres que sí comprendían las consecuencias de lo que estaban validando.

El resultado: el Estado mexicano tiene ahora un brazo financiero que puede inmovilizar tu patrimonio por decisión administrativa, sin que un juez haya revisado una sola prueba en tu contra.

No se trata de un tecnicismo jurídico. Se trata del tipo de Estado en que nos estamos convirtiendo.

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La trampa conceptual: ¿medida preventiva o pena anticipada?

El argumento central del fallo —redactado bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf— sostiene que el bloqueo no es una sanción penal sino una medida cautelar administrativa de carácter preventivo. La ministra descartó que esta atribución vulnere la presunción de inocencia, argumentando que no se resuelve sobre la culpabilidad de una persona ni se le imponen penas, sino que se establece una inmovilización patrimonial temporal. El Universal Suena razonable en papel.

Es una trampa en la práctica.

Decirle a un ciudadano que no está siendo penado, pero que tampoco puede disponer de su dinero para pagar la renta, el médico, la nómina de su negocio o la colegiatura de sus hijos, es un ejercicio de cinismo jurídico de primer orden.

La distinción entre "medida cautelar" y "sanción" se disuelve en el momento en que el ciudadano abre la aplicación de su banco y descubre que no puede mover un solo peso. A partir de este fallo, cualquier mexicano puede despertar con sus cuentas congeladas por una decisión tomada en una oficina de gobierno, sin que un juez haya revisado una sola prueba, dejando la carga de la prueba y la larga batalla legal totalmente en manos del ciudadano afectado.

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