Tenemos que sostener el orden democrático y aplicar las leyes, pero no perder de vista la necesidad de humanizar la sociedad. ¿Aceptamos la posibilidad de cambio y reinserción de quienes cometieron un delito? ¿Existen el arrepentimiento y el deseo de redención? Si es así, será mejor entonces no crear categorías de personas intrínsecamente culpables.

Sabemos de sobra que, con las mejores intenciones, podemos actuar de un modo que puede provocar efectos no previstos, incluso daños que ni se nos pasaron por la mente. Es el antiguo problema de los remedios, supuestamente beneficiosos, que resultan peores que la enfermedad. Con las políticas públicas puede pasar algo semejante, pero multiplicado por mil debido a la irradiación que puede alcanzar la acción del Estado. 

Por eso, es indispensable que los gobernantes y los legisladores reflexionen siempre sobre las implicancias morales que pueden tener las leyes. Si queremos que la sociedad mejore, es indispensable debatir con rigor acerca de las eventuales vías de mejoramiento moral y cultural, sin dejarnos llevar por aquello que, en un momento, luce más llamativo o consigue aprobación en las encuestas.

Es el caso del “registro de vándalos e incivilidades”, propuesto por el gobierno como una forma de inhibir las acciones que dañan los bienes públicos. El objetivo de combatir los actos antisociales es enteramente justo, además de compartido por la inmensa mayoría de la población, sobre todo después de las consecuencias del estallido falsamente social, que alentó el vandalismo en gran........

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