En el tercer día de la crisis por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, el gobierno pasó de la defensa jurídica al control de daños: Kast reunió a los timoneles oficialistas; Justicia congeló los decretos pendientes y comprometió discusión inmediata a proyectos en el Congreso; y el subsecretario Arenas instaló la confianza presidencial en Rabat. La oposición anunció que evalúa una acusación constitucional que definirá el miércoles 28.

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Lo nuevo. Al tercer día de la crisis por la rebaja de condenas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, visada por Justicia entre marzo y septiembre, La Moneda cambió de libreto. Lo que el miércoles y jueves fue una defensa jurídica a cargo del propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, se transformó este viernes en una operación política para blindarlo: el Presidente Kast reunió a los timoneles de los partidos oficialistas, el gobierno congeló la tramitación de los decretos que aún pueden detenerse, comprometió una salida legislativa con discusión inmediata y el subsecretario Gonzalo Arenas puso la confianza presidencial por delante.

Todo, mientras la oposición prepara la que sería la mayor ofensiva contra un ministro desde que asumió Kast: una acusación constitucional.

Por qué importa. Hasta el jueves, ningún dirigente de los partidos de gobierno había salido a defender el criterio de Rabat, lo que cambió tras la cita de las 8.30 en La........

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