Hay que decirlo con todas sus letras: desde el regreso de la democracia, la violencia política ha sido patrimonio de sectores de la izquierda en colegios, universidades y en la calle. El estallido social fue, quizás, la expresión más paradigmática de esa realidad, donde incluso se jugó con la idea de interrumpir el hilo constitucional.

No es un hecho aislado. Conmoción ha causado el ataque, funa, repudio o secuestro, cada cual podrá llamarlo como quiera, del que fue víctima la ministra Ximena Lincolao, a manos de una verdadera jauría de estudiantes de izquierda, enardecidos por su sola presencia.

Le lanzaron agua, empujaron a un oficial de la armada que estaba con ella, atacaron un vehículo de la PDI y la persiguieron mientras ella huía para proteger su integridad física.

No es un hecho aislado, pues hace pocos días el ministro de Hacienda fue increpado y agredido verbalmente en los pasillos del Congreso, por varios parlamentarios de oposición.

Son episodios distintos, pero conectados por un hilo común: la progresiva normalización de la violencia como forma de hacer política.

Hay que decirlo con todas sus letras: desde la recuperación de la democracia, la violencia política ha sido patrimonio de sectores de la izquierda, tanto en colegios y universidades como en la calle.

El estallido social fue, quizás, la expresión más paradigmática de esa realidad, llegando incluso a jugarse con la idea de interrumpir el hilo constitucional.

El primer incidente de este tipo, que causó enorme conmoción, ocurrió en 2008, cuando una estudiante de 14 años le lanzó un vaso de agua a la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez, en el Palacio de La Moneda.

Reiteración de c0nductas delictivas. La indulgencia frente a estas conductas, en un contexto de creciente crispación social, constituye una amenaza seria para la convivencia democrática.

Sin embargo, durante años se ha optado por relativizar, justificar o derechamente minimizar hechos que, en cualquier democracia sana, serían repudiados transversalmente por todos los sectores políticos.

Por desgracia, en nuestro país eso no es así.

Los liceos emblemáticos se han transformado en el escenario predilecto de los grupos más violentos. Entre 2022 y 2023 se reportaron 67 ataques a un cuartel ubicado en las cercanías del Internado Nacional Barros Arana, perpetrados por estudiantes del establecimiento.

En el denominado “Día del Joven Combatiente”, tan normalizado como si fuese parte de nuestras “efemérides”, se repite una rutina de violencia disfrazada de conmemoración: encapuchados levantan barricadas y lanzan bombas molotov, agreden un cuartel de Carabineros. Acusados de poseer armas de fuego, fueron los dirigentes de Partido Comunista quienes salieron en su defensa.

En el Liceo José Victorino Lastarria, alumnos incendiaron la sala de inspectoría y, con motivo del alza de los combustibles, estudiantes secundarios salieron a marchar e intentaron nuevamente destruir el recientemente reinstalado monumento al General Baquedano, que ya había sido arrasado durante el estallido social.

A ello se suma la quema de buses y la destrucción de propiedad pública y privada. Una reiteración sistemática de conductas delictivas. Cientos de estudiantes secundarios han sido detenidos en los últimos años por este tipo de incidentes.

Lógica buenista. Este fenómeno no surgió de la nada. Se ha desarrollado al amparo de una suerte de nueva “teología” que ha permeado parte del debate público. Su catecismo es conocido: los estudiantes serían siempre víctimas de un sistema estructuralmente injusto, marcado por la violencia económica, la vulneración de derechos y la desigualdad.

Bajo esa lógica, “buenista” y permisiva, sus acciones, por más destructivas o peligrosas que sean, deben ser comprendidas y no reprimidas.

Pensamiento que está reflejado plenamente en siguiente la declaración de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, vinculada al PS:

“El descontento y las movilizaciones sociales son legítimas y expresan el sentir de las comunidades; son inherentes a la vida en sociedad y deben ser escuchadas y comprendidas por las autoridades del país”, agregando que es el actuar de la autoridad el que “propende al ambiente de conflictividad social”.

No es casualidad que los agresores de la ministra Lincolao portaran pancartas denunciando “injusticias”. La violencia se ha revestido de una supuesta legitimidad moral. Y cuando eso ocurre, se cruza una línea roja.

Basta recordar lo que costó aprobar la ley Aula Segura, una herramienta básica para resguardar la convivencia escolar, permitiendo sancionar, incluso con la expulsión, a quienes cometen actos graves de violencia dentro o fuera de los establecimientos.

Desde el primer momento fue duramente resistida por sectores de izquierda, que intentaron derogarla bajo la tesis de que “criminalizaba la protesta”.

“Violencia legítima”. Hoy vemos cómo argumentos similares resurgen frente a nuevas iniciativas legales que buscan algo tan elemental como impedir el ingreso de armas a los colegios, o sancionar con la pérdida de beneficios a estudiantes condenados por atentar contra la propiedad pública o privada.

Pero lo más sorprendente es que un gobierno de derecha dura se inhiba de actuar como corresponde. Resulta absolutamente ridículo que, para revisar la mochila de un estudiante, haya que llamar previamente al apoderado.

Tampoco se podrá revisar su ropa, de modo que, si el “arma” está en el bolsillo del pantalón o la chaqueta, no habría problema.

Como consecuencia de todo esto, hace mucho tiempo que en Chile casi no hay marchas pacíficas, y que la violencia pasa a formar parte del objetivo mismo de la protesta.

Además, esta violencia ha gozado de una cierta “legitimidad”, en la medida en que ha contado con respaldo político, a veces no explícito, pero sí efectivo. Cuando se justifica, se relativiza o simplemente se guarda silencio, en los hechos se está siendo cómplice, ya sea de manera pasiva o activa.

Por eso, cuando se recurre a la fórmula de condenar la violencia “venga de donde venga”, lo que se hace es eludir una parte incómoda de la realidad. Esa consigna, aparentemente equilibrada, termina diluyendo responsabilidades y evitando un debate más honesto, perpetuando, en la práctica, la falacia del repudio transversal.

La pregunta, entonces, ya no es si estos episodios seguirán ocurriendo, sino si los demócratas tendrán la voluntad de enfrentar, repudiar y separar aguas de los violentistas, sin ambigüedades.

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