16 de abril 2026 - 03:08

La eventual retirada de Estados Unidos de la OTAN no puede entenderse como una simple decisión política, sino como una cuestión que incide directamente en el equilibrio de poderes del Estado. En términos accesibles, se trata de determinar quién posee la llave para adoptar una decisión de tal trascendencia: el presidente o el conjunto de las instituciones. El Tratado del Atlántico Norte de 1949 prevé en su artículo 13 una cláusula de retirada voluntaria, que permite a cualquier Estado abandonarlo mediante notificación con un año de antelación. Existe, por tanto, una puerta de salida jurídica. Sin embargo, su existencia no implica que su activación pueda realizarse de manera unilateral por el Ejecutivo. El sistema constitucional estadounidense introduce aquí un elemento decisivo. La adhesión a la OTAN fue aprobada por el Senado, lo que responde a una lógica fácilmente comprensible: las decisiones internacionales de gran alcance requieren la participación de más de un órgano del Estado. De ello deriva la idea de una cierta simetría institucional: si para entrar fue necesaria la intervención del poder legislativo, para salir debería exigirse un procedimiento análogo.

Esta interpretación se ha visto reforzada en los últimos años por iniciativas del Congreso destinadas a limitar la capacidad del presidente para retirar a EEUU de la Alianza sin autorización parlamentaria. Se ha configurado un sistema de control que dificulta una decisión individual, incluso en el caso de un liderazgo político decidido a ello, como el de Trump. A ello se suma la naturaleza singular de la OTAN como sistema de defensa colectiva, que implica compromisos de asistencia mutua en caso de agresión. Su eventual abandono no constituiría un acto jurídico ordinario, sino una decisión de profundo alcance estratégico, con repercusiones inmediatas en la posición internacional de EEUU.

En este contexto, las reiteradas amenazas de retirada deben valorarse con cautela. Nos encontramos ante manifestaciones de carácter político, cuya ejecución efectiva resulta incierta.

Conviene relativizar algunas de las consecuencias que se proyectan sobre España. La situación de las bases estadounidenses se rige por acuerdos bilaterales específicos, no condicionados por la pertenencia a la OTAN. Incluso en el escenario –hoy discutible– de una retirada estadounidense, la continuidad o revisión de dichas instalaciones dependería de decisiones propias y negociaciones concretas. En consecuencia, aunque la retirada es posible, su viabilidad se encuentra condicionada por límites jurídicos, políticos y estratégicos que la sitúan más en el plano de la presión política que en el de una realidad.

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